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Condenan el uso de fármacos alternos

La Casa Blanca se suma a críticas por la tortuosa ejecución de un reo
 
Periódico La Jornada
Viernes 2 de mayo de 2014, p. 26

Washington, 1º de mayo.

El debate de la pena de muerte en Estados Unidos surgió de nuevo tras la controvertida ejecución de Clayton Lockett, quien murió el martes en Oklahoma tras una agonía de 43 minutos después de que se le aplicó una novedosa inyección letal.

El largo y doloroso fallecimiento de Lockett por el fracaso de la intravenosa generó indignación incluso en la Casa Blanca, que criticó la falta de humanidad en el procedimiento, y llevó a la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, a suspender las ejecuciones durante las próximas dos semanas, entre ellas la de Charles Warner, prevista para ese mismo día.

Es cierto que tenemos una norma fundamental en este país en que, incluso cuando la pena de muerte se justifica, debe cumplirse de forma humanitaria. Todo el mundo reconocería que este caso estuvo por debajo de esa norma, sostuvo el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney.

Ante la negativa de los fabricantes europeos a vender a las penitenciarías el anestésico más utilizado en la preparación de la inyección letal –el pentobarbital–, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte se enfrentaron a grandes dificultades para hallar barbitúricos, por lo que buscaron fármacos alternos como el midazolam, aplicado con Lockett.

Así recurren a químicos controvertidos, no homologados por las autoridades federales. Ello lleva a los estados que utilizan la inyección letal a improvisar, observó Robert Blecker, profesor de la escuela de derecho de Nueva York.

Lockett parece haber sufrido enormemente. Es una forma de tortura que plantea problemas constitucionales, comentó Lyn Entzeroth, profesora en la Universidad de Tulsa, Oklahoma.

La Suprema Corte de Estados Unidos, único país en Occidente que aprueba la pena de muerte, nunca declaró inconstitucional un método de ejecución aduciendo que fuera cruel e inusual, aun cuando dejó en claro que la octava enmienda prohíbe causar dolor mediante tortura o castigo a un preso.

Clayton Lockett fue condenado a la pena de muerte en 1999 por la violación y el asesinato de Stephanie Neiman, de 19 años, a quien secuestró, golpeó y enterró viva.