Tijuana, BC., El presidente del órgano interno de control, Joel Fabián Guardado, y Rubén Salazar, asesor del síndico procurador, Arturo Ledesma, renunciaron luego de darse a conocer que pretendieron extorsionar al alcalde, Jorge Astiazarán, y quedarse con 40 millones de dólares que dejarían la operación ilegal de antros, la asignación directa de contratos de obras y la entrega de cuotas semanales en la policía municipal.