En el sexenio de Felipe Calderón, sólo 3.2 por ciento de las 279 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por desvío de recursos públicos, derivaron en proceso judicial; el resto continúan en trámite o resolución del Ministerio Público, por lo que persisten los incentivos para el abuso de la función pública, informó la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

En un primer balance del informe de la Cuenta Pública 2012, la comisión explicó que aun cuando en el sexenio de Calderón se logró una recuperación de 52 mil 825 millones de pesos, otros 46 mil 451 millones 500 mil todavía no son recuperados o justificados.

Con total franqueza, concurre el momento para que todas las fuerzas políticas se comprometan a lograr los acuerdos y el diálogo, del cual provenga mayor control de los recursos públicos y establecimiento de efectivas y correctivas acciones, señaló la comisión, que es el órgano legislativo encargado de revisar el trabajo de la ASF.

En el documento, el presidente de la comisión, José Luis Muñoz Soria (PRD), consideró que la ASF debe asumir una tarea de coadyuvante con el Ministerio Público para aportar pruebas de las irregularidades y desvío de recursos cometidos por el gobierno federal, sus dependencias, estados y municipios, así como los órganos autónomos en el ejercicio del gasto público.

De esta forma, la función de la ASF no se agota solamente en la presentación de las denuncias, sino que se instituya de tal forma que se agoten todas las instancias judiciales en la aplicación del derecho, y sólo hasta ese momento, dar el tema por concluido, indicó.

La propuesta de la comisión se dio en el contexto de que un reducido número de casos de desvío de recursos o corrupción termina en fallo judicial.

Refirió que en 2008 la ASF presentó ocho denuncias de hechos y sólo una llegó a una autoridad judicial; en 2009, de las 34 presentadas, cuatro fueron atendidas por un juez; en 2010, únicamente dos de 102 denuncias, y en 2011, también sólo 2 de 133 demandas.

Así, de las 279 denuncias de hechos que interpuso la ASF ante la Procuraduría General de la República, sólo nueve casos fueron presentados ante un órgano judicial, y están en proceso o con resolución, según los datos con que cuenta la comisión al 31 de diciembre pasado.

Muñoz Soria señaló que un espacio de impunidad lo constituyen las recuperaciones acumuladas de la fiscalización superior.

Explicó que mientras en 2008 se recuperaron 8 mil 878 millones 600 mil pesos, y en ese año no existió saldo por recuperar o justificar, entre 2009 y 2011 se acumuló un saldo de 46 mil 451 millones 500 mil.

De estos, 4 mil 834 millones 400 corresponden a 2009; 14 mil 886 millones 400 mil, a 2010, y 26 mil 730 millones 700 mil, a 2011.

Pese a ello, la ASF ha promovido acciones que dieron como resultado la recuperación de la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales, por operaciones con motivo de la fiscalización, señaló.