Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) haya interpuesto un recurso de revisión contra las sentencias que la obligaban a reparar el daño y a ofrecer una disculpa pública a Alberta Alcántara y a Teresa González, quienes fueron acusadas por el secuestro de seis integrantes de la extinta AFI.

En conferencia de prensa, Daniel Zapico, de AI, y Andrés Díaz Fernández y Luis Tapia, abogados del Centro Pro, criticaron que el Estado mexicano se niegue a reconocer que violó los derechos humanos de ambas mujeres indígenas y a resarcir el daño moral y material que provocó al aceptar su responsabilidad de los hechos.

Díaz Fernández recordó que la Suprema Corte absolvió a tanto a Alberta como a Teresa y que el 20 de noviembre pasado el pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por votación de nueve a uno condenó a la PGR a indemnizar a las indígenas ñañús del estado de Querétaro al acreditar que dicha dependencia incurrió en actividad administrativa irregular al integrar la averiguación previa que derivó en la ilegal imputación de un delito inexistente y en el encarcelamiento de las mujeres por tres años y ocho meses.