El general de división en retiro Luis Garfias Magaña criticó la decisión de la Cámara de Senadores de retirar la reserva que el gobierno mexicano hizo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual los militares que participaron en la llamada guerra sucia de los años 70 del siglo XX podrán ser juzgados por tribunales civiles. La decisión de los legisladores es una intromisión en el fuero de guerra y el ámbito militar, es una intromisión en algo que no saben.

En entrevista, Garfias Magaña lamentó la decisión, aunque aclaró que aun cuando hubo soldados involucrados en la represión de aquellos años, los delitos prescribieron.

El general, quien fue presidente de varios consejos de guerra, lamentó la ignorancia de los legisladores sobre el fuero de guerra y que en las comisiones de Defensa o de Marina en las cámaras de Senadores y de Diputados no participen elementos de las fuerzas armadas.

Si hubiera militares en esas comisiones defenderían las posturas del Ejército y no se entrometería el Congreso en cosas que ignora, dijo el divisionario, quien en su momento integró la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Aseveró que la decisión del Senado es incongruente y no puede aplicarse, porque en el Código de Justicia Militar (CJM) continúa vigente el delito de violencia contra civiles, por lo que los militares que cometan ese tipo de ilícitos deben ser juzgados en el fuero de guerra.

Garfias rechazó que la declaración de invalidez del artículo 57 del CJM (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla), que permitía juzgar a militares en el fuero de guerra cuando cometieran delitos en agravio de civiles, sea aplicable a estos casos.

Aseguró que la decisión de los senadores tendrá impacto en militares y marinos que participan en funciones de seguridad pública, particularmente los que están en Michoacán, porque están en constante contacto con los civiles.

Acerca de la violencia que se vive en Michoacán y otras partes del país, dijo que el gobierno federal ha tenido miedo de aplicar el artículo 29 constitucional –que proviene de la Constitución de 1857–, que prevé la suspensión de garantías.

La suspensión de garantías permitiría a soldados y marinos actuar con el respaldo de la ley donde a violencia se ha desbordado, porque actualmente las fuerzas armadas que participan en labores de seguridad pública están desarmadas legamente, subrayó.