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No indagarán a Luis Alberto Villarreal

Retiran cargos a panista por presuntos ilícitos
 
Periódico La Jornada
Jueves 30 de enero de 2014, p. 17

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se negó a pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar el presunto cobro de cuotas del coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, a alcaldes de extracción panista, y solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el gasto de obra pública en Guanajuato.

En contraste con la propuesta que presentó el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, para que la PGR y la procuraduría de Guanajuato investigaran el supuesto cobro de un porcentaje del presupuesto autorizado a alcaldías panistas por el diputado Villarreal y su grupo, la Permanente se anticipó y determinó ayer que no existen elementos probatorios de que se haya incurrido en algún delito.

Durante la última sesión de la Permanente –el sábado se inicia el periodo ordinario de sesiones de las dos cámaras del Congreso–, se aprobó sin discusión un punto de acuerdo en el cual se determina que es facultad de la ASF la revisión, control y evaluación de la cuenta pública de la Federación, los estados y municipios, así como fincar responsabilidades y aplicar multas y sanciones por el desvío del gasto.

La propuesta de Alonso Raya se remitía a declaraciones del alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, respecto de que de los 160 millones autorizados para pavimentación en el municipio en 2013, se le pidió una comisión de 56 millones de pesos, y que las obras estuvieran a cargo de la empresa Urichape, presuntamente vinculada con Villarreal.

Según el testimonio del alcalde, citado por el PRD, logró reducir la cuota a 32 millones y que se le entregara una factura por servicios de gestoría de la citada empresa. Por esa razón, el sol azteca pedía que el Servicio de Administración Tributaria investigara a Urichape, lo que también fue excluido del punto de acuerdo.

Alonso Raya planteó que ese caso “resulta emblemático, y desvergonzado, porque quien gestiona los recursos exige la comisión, impone la empresa constructora, negocia el porcentaje de la cuota y acepta emitir una factura por ‘servicios de gestoría’”.