Expertos en materia de transparencia advirtieron sobre una serie de vacíos en torno a la creación del órgano anticorrupción recientemente aprobado por el Senado, como la ausencia de un órgano jurisdiccional especializado, cuya falta implica que difícilmente se castigará la impunidad, y el establecimiento de recomendaciones con consecuencias. De no tomarse en cuenta estos faltantes al pasar a la aprobación de la Cámara de Diputados, servirán para que todo cambie y siga igual o peor.

En el foro El órgano anticorrupción, límites y oportunidades, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas, el director ejecutivo de Fundar, Miguel Pulido, advirtió que si el combate a la corrupción se limita a lo que realice la nueva entidad habremos perdido lo que se había ganado.

Dicho órgano, enfatizó, es pieza de un engranaje complejo que si se pretende que funcione, requiere una serie de reformas a las leyes. Las normas que requieren de modificaciones tienen que ver, entre otras cuestiones, con la responsabilidad administrativa, los mecanismos para la recuperación de los activos y la responsabilidad de los actores privados. También, alertó, existe el riesgo de la tentación de cooptar a este órgano para utilizarlo con fines políticos y de desprestigio.

El coordinador de la red, Mauricio Merino, precisó que la posición de ésta nunca fue crear una institución de tal naturaleza, para tapar el ojo al macho, pues recordó que obedece a una promesa política Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial y también fue avalada por razones políticas para salvaguardar la imagen.

Por elemental vergüenza pública, destacó, no se debe permitir que los auditores externos lleguen a ese cargo por libre designación y calificó de agraviante que en el séptimo transitorio de la iniciativa ni siquiera se precise cuáles leyes serán modificadas.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, planteó varias recomendaciones, como la creación de un auténtico servicio profesional de carrera; la necesidad de que las recomendaciones emitidas por los órganos anticorrupción tengan el mismo peso que las emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; integrar el Consejo Consultivo con ciudadanos que posean facultades para vigilar el funcionamiento de este órgano, y puntualizar en la ley las formas de coordinación entre la Procuraduría General de la República y la nueva instancia, pues de lo contrario, no vamos a ir lejos.