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Domingo Hernández Ixcoy, de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej: Las transnacionales no trajeron progreso, sólo conflictos
Adazahira Chávez Guatemala vive un momento crucial. A dos años del inicio del gobierno del general y ex kaibil Otto Pérez Molina (2012-2016), la criminalización y represión a los movimientos sociales trajo un ambiente igual al de los años ochenta —antes del genocidio—, pero a la vez, las organizaciones sociales, especialmente las indígenas, están en efervescencia, afirma Domingo Hernández Ixcoy, miembro cofundador del Comité de Unidad Campesina, integrante de la Asociación Maya Uk’ U’X B’E y miembro de Ajpatán Samaj y de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej. La batalla tiene similitudes con las de otros rincones de América Latina. El líder maya señala que los pueblos indígenas fueron arrojados a los lugares donde ahora habitan (Huehuetenango, el Quiché y Cobán, por ejemplo), después de que los colonizadores les echaran de las mejores tierras. Y resulta que es en sus comunidades actuales donde se encuentran las riquezas que las transnacionales y las élites locales quieren explotar a través de minas, hidroeléctricas y cementeras. El frente no se encuentra solamente en la defensa de la tierra, sino en la de la memoria. “El año 2013 tiene mucho significado para nosotros. Es la primera vez que el tema de genocidio comenzó a tener un escenario importante, tanto a nivel nacional como internacional”, apunta Hernández Ixcoy —amenazado de muerte en diversas ocasiones— para referirse al juicio que se sigue contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983. Las mujeres sientan al acusado. Es la primera vez que en Guatemala se juzga a un jefe de Estado como autor intelectual del crimen de genocidio, y que los pueblos indígenas utilizan los espacios del sistema de justicia, remarca Domingo Hernández. El proceso contra Ríos Montt comenzó en abril de 2013 y en mayo fue sentenciado a 80 años de prisión, pero su defensa consiguió que el juicio fuese anulado. A pesar de que el proceso deberá repetirse hasta 2015 y de que el mismo presidente Pérez Molina impulsa la amnistía para el exdictador, el precedente es importantísimo para la justicia en América Latina, considera el líder maya: “El primer punto que se discute ahora es si hubo genocidio o no, pero nadie niega la existencia de represión y asesinatos. Y en ninguna otra parte del mundo han sido juzgados los genocidas en su propio país”.
Las querellantes en el caso son mujeres ixiles. “Entienden que el juicio fue anulado, pero dicen que es la primera vez que las mujeres logran que un militar prepotente y represor se siente en el banquillo de los acusados. Y a Ríos Montt lo vieron cansado y con miedo. Esto, para los pueblos indígenas que han vivido bajo presión estos últimos 500 años, es un paso muy importante”, considera el guatemalteco. El juicio también sembró el temor entre los militares y las élites civiles que colaboraron y se beneficiaron de los años del genocidio y por eso se entiende la anulación, agrega. Defensa del territorio. “A partir de la llegada de las transnacionales —principalmente de capital canadiense, norteamericano, italiano y colombiano— comienza para nosotros una nueva invasión”, asienta Hernández Ixcoy. Además de marchas y bloqueos, las comunidades decidieron utilizar el Convenio 169 de la oit para defenderse y exigir su derecho a la consulta. La experiencia de las comunidades es que las transnacionales traen represión, “porque a donde llegan, comienza la resistencia de los pueblos”, explica el dirigente. En segundo lugar, son actores principales para la articulación de bandas de fuerzas de choque contra las comunidades; y en tercero, los pueblos pierden derecho territorial porque se impone la propiedad privada. “Y en ninguna región donde hay proyectos hemos visto progresos, sólo nuevos conflictos”, atiza el dirigente, de cabello cano y risa fácil. Como resultado de la ofensiva de las transnacionales, los indígenas comenzaron a articularse por regiones, por encima de diferencias religiosas, étnicas y políticas. La zona Reyna, Ixcán, Cobán, la Sierra de Minas, San José del Golfo, San Juan Sacatepequez y la costa sur son las principales. Hernández Ixcoy —miembro del comité organizador de la marcha Indígena, Campesina y Popular que movilizó a mas diez mil personas y recorrió 212 kilómetros, en marzo del 2012— apunta que incluso gente que formó parte de las paramilitares patrullas civiles o del ejército se incorpora a la organización de los pueblos. Antesala del genocidio. A la par de la organización de las comunidades, llegó la “brutal” criminalización y violencia contra los movimientos sociales. Dos niños asesinados en Cobán, estado de sitio contra el pueblo xinka, secuestro de cuatro de sus dirigentes y asesinato de uno de ellos, activistas encarcelados en Barillas y San Juan Sacatepequez, y el proceso judicial contra la periodista Francisca Gómez Grijalva son algunas de las muestras. “Es una situación de terror”, resume Hernández Ixcoy. “Es exactamente igual que en los ochentas: iniciaron una campaña de desprestigio a través de medios de comunicación y funcionarios antes de iniciar el genocidio”. Además de acusar a las organizaciones populares de estar vinculadas al narcotráfico y a las maras, el gobierno también pretende justificar la represión diciendo que están manipuladas por la cooperación internacional. “Es una mentalidad heredada de la Colonia, en la que los indios no somos capaces de organizarnos nosotros mismos”, acusa Hernández. De frente al estado de sitio. Las organizaciones decidieron tomar al toro por los cuernos. Durante los estados de sitio, la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej llamó a reuniones, en las que logró reunir hasta a 3 mil 500 personas —cuando el límite impuesto es de tres. “Es necesario enfrentar la represión y desobedecer las leyes injustas, que se imponen en beneficio de las transnacionales”, afirma el dirigente. Las organizaciones —en las que lo mismo entran indígenas que mestizos, pues “las transnacionales no distinguen”— han realizado más de 70 consultas bajo tutela comunitaria, apelando al convenio 169 de la oit. Incluso la Corte Constitucional tuvo que reconocer la validez de la realizada en Mataquescuintla contra la minería, porque reunió los requisitos de ley. “Sabemos que un asesor del gobierno, Eduardo Aguirre, está planteando que el gobierno debe buscar la forma de renunciar al 169, porque el movimiento ya está muy fuerte”, afirma el coordinador de la Convergencia Nacional Maya Waq’ib´ Kej.
“Toda la movilización que hemos hecho obliga a la sociedad a no ver a los pueblos indígenas como marginales, sino como protagonistas”, valora el líder maya. “Pensaron que con el genocidio nos iban a callar por mucho tiempo, pero estamos recuperando nuestra capacidad de acción”. |
