Ebulá, Campeche:
Un pueblo maya despojado
por el suegro de Juan Camilo Mouriño
 Caballo y jinete con trompeta, conejo y pájaro. Guache, crayón y lápiz en una bolsa de papel estraza, 1962 |
Gloria Muñoz Ramírez
Desde una capilla de aproximadamente dos metros cuadrados, hecha de madera y cartón encima de una pequeña lomita, con apenas dos bancas para sentarse, los pobladores llaman a una reunión. Volverán a contar su historia errante, el desalojo que el 13 de agosto de 2009 los aventó a estas tierras áridas, apenas 31 de las 596 hectáreas que les pertenecen.
Ebulá representa las complicidades de los gobernantes con los empresarios en Campeche, estado en el que unos y otros son la misma cosa. El empresario y contratista Eduardo Escalante, exsuegro del extinto Juan Camilo Mouriño (secretario de Gobernación de Felipe Calderón, muerto en un accidente aéreo), y padre de la actual presidenta municipal de Campeche, constructor de la obra pública y privada que impera en el estado, y destructor de quien obstaculice su camino, es el responsable del desalojo de esta comunidad de originalmente 70 familias que llegaron a este lugar hace más de 40 años.
A cuatro años del operativo con el que el empresario Escalante, en complicidad con el gobierno, les destruyó vivienda y pertenencias, los pobladores de Ebulá resisten y exigen que les sean devueltas. Pero hoy, a pesar del litigio agrario, un cerco se cierne sobre las tierras. No hay paso para ellos. Aquí se hace lo que dice Escalante.
En el desalojo “todo fue destrucción y caos... árboles tirados, láminas en el suelo, humo… y el azoro. Y la rabia asomando. Y la confusión y las narraciones atropelladas y el estado de choque en el que se encontraban algunos, algunas. La escena nos remitía, irremediablemente a Guatemala y la política de tierra arrasada en los tiempos de la guerra. Nos resultaba increíble ver esto en Campeche, en 2009. Éste era el tercer ataque contra San Antonio Ebulá y la destrucción era total. Todas, todos sabían quién era el agresor: Eduardo Escalante Escalante, suegro de Mouriño. Eso significa que contaba con toda la protección federal. Y contó con la complicidad estatal también”, narró en su momento el Equipo Indignación, centro de derechos humanos de la región que tomó el caso.
|
Éstos son terrenos en especulación. En Campeche ya casi no hay para dónde construir, pero esta zona al oriente de la ciudad ofrece posibilidades. Se habla de una nueva carretera y de grandes proyectos inmobiliarios. Y los ebulenses estorban. Luego del violento desalojo, la comunidad realizó un plantón de 41 días frente al palacio de gobierno, y llegaron a un convenio con el gobernador. Les serían restituidas 31 hectáreas mientras se solucionaba el conflicto. Les dijeron que sería un terreno digno, pero pura piedra encontraron, sin servicios ni nada. Tuvieron que empezar todo de nuevo, desde abajo, en lotes de 40 por 40 metros por familia.
La comunidad y el Equipo Indignación ofrecieron 26 pruebas que acreditaban ante el Ministerio Público de Campeche “que Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales”. Son pruebas que incriminan directamente a los dueños de la constructora Escalante del violento e ilegal desalojo, ya que existen fotografías, recortes periodísticos, y resolución de un amparo sobre el juicio agrario que prueban que estas tierras se encontraban aún en litigio. Hay también documentación de la escuela del Conafe, que funcionaba en el poblado, y el registro ante programas oficiales como Oportunidades. Es decir, aunque hayan querido borrar las huellas de su existencia para quedarse con sus tierras, el poblado tiene cómo probar su posesión desde 1968, año en que llegaron los primeros moradores.
Juan Antonio Euanchi, uno de los pobladores, relata que a las 31 hectáreas donde actualmente viven, llegaron el 24 de septiembre del 2009, “y a partir de ahí empezamos a lotear el terreno, a limpiarlo y hacerlo vivible, pero no hay tierra para trabajar ni para sembrar, por lo que todos tenemos que ir a buscar trabajo a la ciudad, algunos de jardineros, otros de sastres y pues de lo que encuentren”.
“En ese andar de estar asentados desde hace cuatro años, apenas este mes de octubre de 2013 nos reconocieron como poblado, pues a pesar del convenio con el gobierno, sólo nos reconocían como asentamiento irregular, sin documentos que avalaran la propiedad del terreno y por lo tanto sin derecho a servicios”, expone Euanchi.
En estos momentos, dice, “esperamos que vengan mejoras para nuestro poblado, al estar ya reconocidos, que lleguen los servicios elementales para vivir como un pueblo digno”. Pero lo más importante, insisten las mujeres del poblado, es “que nos regresen nuestras tierras porque aquí no se puede trabajar”.
Hace 20 años, los ebulenses iniciaron un juicio agrario para reglamentar las tierras que habitaban, pero hasta la fecha no hay resolución. “Todas las instituciones del Estado han fallado aquí y se han aliado para proteger al agresor”, advierte el Equipo Indignación.
Juan Francisco Villalobos, otro de los moradores en resistencia, insiste junto a sus compañeros en que la demanda actual en estos momentos es “que el gobierno federal nos devuelva las tierras que nos arrebataron, que nos las devuelvan porque nos pertenecen. Las 596 hectáreas”.
En 1988, 32 campesinos iniciaron la solicitud de las tierras ejidales de San Antonio Ebulá, a donde llegaron los primeros desde 1968. En 1989 volvieron a hacer una solicitud, pero, señala Villalobos, “las autoridades lo dejaron en el olvido”. En el 2009, finalmente, ganaron un amparo para que se repusieran el proceso de dotación de tierras. Pero nada ha servido, pues la ley en Campeche, aseguran, es la que dicta Escalante.
En las originales 596 hectáreas, los ebulenses trabajaban pequeñas parcelas de milpa, y las usaban también para recolectar. “Eran nuestro medio de subsistencia. Sin ellas no tenemos nada”, lamenta una de las mujeres del nuevo poblado, en el que apenas pueden tener unos cuantos árboles frutales.
“Ya no trabajamos en el campo. Ahora vamos a la ciudad, en sastrería, mantenimiento de jardines un día a la semana, vendemos leña, pero está prohibido que transportemos nuestra leña. No sabemos entonces de qué podemos vivir, pues no tenemos los medios”, denuncian.
Ahora, reconocen, “nos falta más organización y más unión. Hace cuatro años estábamos más unidos, fue cuando hicimos el plantón y conseguimos el convenio, pero el gobierno nos ha dividido, ellos fomentan la discordia”.
“Nos pisotearon y destruyeron, pero el pueblo sigue en pie”, aseguran.