21 de diciembre de 2013     Número 75

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada


FOTO: Marte Merlos

Destrucción y defensa de México

Jesús Ramírez Cuevas

El régimen político del PRIAN y sus aliados del PRD, con Enrique Peña Nieto y su pacto contra México por delante, han desmantelado la Constitución política de 1917 y su dimensión social y popular y han legalizado el colonialismo al entregar la riqueza del subsuelo y nuestra soberanía nacional al gobierno de Estados Unidos.

En un año que lleva gobernando Enrique Peña Nieto liquidó el Estado emanado de la Revolución mexicana. Con la reforma energética de un plumazo, la mayoría antinacional del PRI y PAN, de espaldas a los ciudadanos, sin aceptar que se consultara al pueblo, liquidó el acto de soberanía más importante tomado por el Estado posrevolucionario: la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas, que significó una segunda independencia y sentar las bases de la soberanía económica nacional.

El petróleo fue el motor del milagro mexicano. La reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales cede todo el control de la industria petrolera y eléctrica a empresas privadas extranjeras y termina con la rectoría del Estado y el control nacional sobre los recursos energéticos del país. Además, las trasnacionales operarán país como nuevos actores políticos que buscarán imponer sus intereses e influir para que haya leyes y gobiernos que los beneficien aún más. Todo esto cambiará por completo la vida nacional, sobre todo porque se legalizó la entrada de México a la esfera de la seguridad nacional y energética de Estados Unidos.

La destrucción del régimen constitucional y el desmantelamiento de la riqueza nacional y de los derechos de los mexicanos comenzaron en el gobierno de Carlos Salinas, que fue el primero en trastocar la esencia de la Constitución al reformar el artículo 27 en 1992 y permitir el despojo y la privatización de las tierras comunales y ejidales de indígenas y campesinos. Salinas se atrevió a revertir el legado de la reforma juarista y liberal y debilitó el Estado laico.

Con la reforma energética impuesta por Peña, el PRI y el PAN este fin de año, se terminó por demoler la esencia social y popular de la Constitución.

Con la reforma energética no se venderá Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero dejará todas las actividades de la industria petrolera en manos extranjeras, desde la exploración, extracción, refinación y hasta la distribución de petrolíferos. Pemex será desmantelado, al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con la reforma aprobada en medio de protestas en todo el país, las ganancias y la producción del petróleo serán compartidas con las grandes petroleras trasnacionales. El Ejecutivo federal asignará directamente los contratos y licencias (concesiones en los hechos) por medio de la Secretaría de Energía. Por otro lado, las empresas buscarán perforar todo el territorio y el gobierno promoverá el uso de técnicas nocivas para la salud de la población y del medio ambiente como la fractura hidráulica (fracking), con lo que no solo llevarán la riqueza del subsuelo sino que contaminarán el agua y la tierra con químicos, acabando con flora y fauna y matando a la tierra, cometiendo un ecocidio.

Como resultado de la reforma energética, disminuirán los recursos del erario y el presupuesto para la salud, educación y combate a la pobreza. Y como consecuencia los mexicanos pagaremos de nuestro dinero la privatización del sector energético con el aumento de impuestos, gasolinas y del precio de la canasta básica.

Y con las demás reformas aprobadas este año (la laboral, la educativa, la fiscal, entre otras), el gobierno de Peña acabará con la educación pública y los derechos laborales, agrarios, culturales, ambientales, políticos y económicos de los mexicanos.

Les tomó 20 años a los tecnócratas neoliberales derrumbar los pilares de la carta magna (los artículos 3 sobre la educación, 27 el derecho a la tierra y la soberanía nacional sobre la riqueza del subsuelo y 123 que se refiere al los derechos laborales y las garantías sociales) donde estaban plasmados los derechos sociales y colectivos de la revolución iniciada en 1910.

Está claro que el actual régimen es corrupto, privatizador, antipopular y entreguista. Y hoy está en proceso de desmantelar el Estado y las instituciones públicas y de terminar de vender al país.

Como en el Porfiriato lo hicieron los hermanos Flores Magón, hoy podemos considerar que la Constitución ha muerto y los últimos vestigios de la Revolución también. El régimen ha enterrado la soberanía nacional y ha entregado el país a la voracidad trasnacional y a los intereses estadounidenses. Es preciso organizar desde ya la defensa de la nación, de la soberanía, del territorio, de los recursos naturales, de los derechos y del futuro de los mexicanos.

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