21 de diciembre de 2013     Número 75

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Los transgénicos en México.
una de cal por las que van de arena

Adelita San Vicente Tello Directora de la Fundación Semillas de Vida, A.C. [email protected]


ILUSTRACIÓN: Víctor Flores / Ecotlán

Transcurrido un año de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, el tema de los transgénicos sigue en el aire, sin una postura del gobierno sobre el tema.

Unos días después de asumir sus funciones como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, “reconoció que existen presiones de todos lados, y por ello se dejará a un grupo de expertos que hagan una recomendación, a partir de la cual las secretarías involucradas en el tema tomarán una resolución que se entregará al presidente Enrique Peña Nieto antes de que comience el próximo ciclo de siembras” (La Jornada, Angélica Enciso, 20 de diciembre de 2012),

El 14 de diciembre de 2012 la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) “acordó integrar un grupo especial de trabajo que proponga una política pública sobre el maíz transgénico con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), del Colegio de Posgraduados, de Chapingo y del Colegio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN)” (La Jornada, Blanca Juárez, 15 de diciembre de 2012).

Un año después no hay noticia de este grupo de científicos, ni de debate alguno.

Los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaria de Salud (SS) se han mantenido en silencio respecto al tema. En lo oscuro, el gobierno de Peña sostiene a funcionarios de los niveles intermedios del sexenio pasado, quienes continúan operando la misma política desarrollada por el gobierno de Calderón. Ni siquiera han podido avanzar en la publicación de la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos de información que debe contener el reporte de resultados de la realización de las actividades de liberación experimental y programa piloto de organismos genéticamente modificados (OGM) en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente; la diversidad biológica, y la sanidad animal, vegetal o acuícola. La industria se niega a ser regulada e impide el avance de este instrumento.

Cero en la cancha gubernamental. En el otro extremo, la movilización contra la introducción de esta tecnología crece en nuestro país. Nuevos actores se suman de manera creativa, los argumentos se incrementan y la esperanza se fortalece. Van nuestros goles:

1.- El 2012 acabó con el del triunfo de los apicultores en México. Non GMO Project reconoció entre los diez logros más importantes del año contra los transgénicos en el mundo la demanda de los apicultores en la Península de Yucatán. En agosto, un juez falló a favor de una coalición de 59 apicultores, científicos y ambientalistas para que no se cultivaran 250 mil hectáreas de soya transgénica en ocho estados de la República Mexicana. El argumento es que el mercado europeo suspendió la compra de miel de Yucatán y Campeche en espera de que se demostrara que la miel no estaba contaminada.

2.- La entusiasta incorporación de los jóvenes a la campañ Sin Maíz no hay País fue un gran logro este año. Surgió así el Carnaval del Maíz como un espacio combativo y festivo que se sumó a la marcha contra Monsanto convocada para el 25 de mayo de 2013 en todo el mundo. Desde México se decidió hacer un Carnaval porque en nuestro país no sólo estamos contra esta empresa y lo que representa, sino que tenemos muchas propuestas que conforman una alternativa al modelo que nos impone el capitalismo. El Carnaval del Maíz plantea una revolución alimentaria como un modelo alternativo, propositivo y de lucha; en este espacio las y los jóvenes hablan su propio lenguaje y utilizan los nuevos medios de comunicación.

3.- En agosto de 2013, la ciberacción que anunció la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico en una página espejo de Monsanto como parte de un ejercicio social de difusión, demostró el estrecho vínculo entre el gobierno y la empresa. En un comunicado de prensa Monsanto escribió al secretario de Sagarpa desmintiendo la autoría y mencionando con claridad el tipo de relación que tienen: “entendemos la importancia de una comunicación confidencial basada en un mensaje elaborado de acuerdo a los requerimientos y exigencias del Gobierno Federal…”

4.- En lo jurídico, el gran golpe que asestamos este año fue la demanda de Acción Colectiva, presentada el cinco de julio por 53 personas, entre las cuales se encuentran expertos en el tema; defensores de derechos humanos; personalidades, y 20 organizaciones de productores, indígenas, de apicultores, de derechos humanos, ambientalistas y consumidores. La colectividad demandó a Sagarpa, Semarnat, Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences y Pioneer, y solicitó que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación transgénica de maíces nativos.

Con la demanda se solicitaron medidas precautorias, las cuales fueron concedidas por el juez federal décimo segundo de distrito en materia civil. Éstas ordenan a Sagarpa y Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM de maíz, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de OGM de maíz, mientras dura el juicio.

5.- La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) publicó las Cápsulas sobre el maíz transgénico, un compendio que da respuesta a las preguntas centrales sobre esta tecnología. De esta manera se cuenta con información de científicos sin conflicto de interés, quienes han manifestado su disposición a un debate de altura.

6.- A lo largo del año el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó múltiples pre-audiencias en torno al tema del maíz, con lo cual se corroboran y fundamentan las acciones del Estado mexicano contra el maíz.

7.- Se recolectan firmas para la iniciativa ciudadana por el etiquetado obligatorio de alimentos con transgénicos impulsada por jóvenes. Asimismo, se mantiene la iniciativa Maíz Libre generada por varias organizaciones campesinas y Greenpeace, que ha reunido 120 mil firmas para modificar la actual Ley de Bioseguridad con el fin de proteger al maíz.

8.- Finalmente, acaba el año con la incorporación de importantes personalidades a la lucha. Por una parte, el maestro Francisco Toledo apoyó la publicación del documento científico mencionado, y él, junto con Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez y Mauricio Gómez-Morín, fungirá como jurado en el Concurso de Arte por Nuestro Maíz.

Por otra parte, Botellita de Jerez presentó su nuevo tema Sin maíz no hay país. Esta canción es, según la banda, “un manifiesto airado, encanijado, frente al gandalla proyecto de infestar el campo mexicano con maíz transgénico”. ¡Disfrútala junto con nuestros triunfos que son de todas y todos!

http://is.gd/OYYXPS

Non GMO Project. Página electrónica consultada:  http://is.gd/fqIduS


Nueva orientación de Fonaes-Inaes, la prioridad: pobres y jóvenes: Carlos Rojas


FOTO: Lourdes E. Rudiño

Lourdes Rudiño

El tránsito del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) a Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), ocurrido con el cambio de gobierno, no ha sido sólo una modificación de siglas o de membrete.

Es una transformación profunda en la forma de operar, afirma Carlos Rojas Gutiérrez, titular del Inaes y quien durante el gobierno de Carlos Salinas encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En entrevista, explica que Fonaes, dedicado fundamentalmente a financiar proyectos productivos de gente del medio rural y también de las colonias populares, trabajaba con “un concepto que no comparto en absoluto, que es atención por la vía de la llamada demanda libre, que es un concurso donde las instituciones se convierten en mera ventanilla de trámite, reciben proyectos, miles por cierto, y los califican, evalúan, y dependiendo de los recursos de que disponga la institución, se admiten los que pueden ser financiados.

“Este modelo, cuando se trata de proyectos para el medio rural o para campesinos pobres y en un país tan desigual y hetereogéneo como México, se vuelve un mecanismo que favorece la desigualdad y la injusticia. El que sabe hacer proyectos o llega primero y se privilegia a los de siempre, a los más preparados”. Además, este modelo fue propicio “para que se generaran muchos intereses en despachos y consultorías que en muchos sentidos engañaron a la gente con la supuesta posibilidad de acceder a recursos públicos”.

Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el Inaes ha venido cambiando esto, aunque en un proceso lento y con dificultades. “La ley nos impidió modificar reglas de operación, y en muchos sentidos tuvimos que preservar algunas de las prácticas que se venía haciendo los últimos años”.

Una primera decisión fue canalizar los recursos prioritariamente a las zonas más pobres del país. El presupuesto total del Inaes “es muy modesto y no hay que esperar grandes respuestas de una institución de esta naturaleza”. Pero hoy la mitad de ese presupuesto se destina ya a los diez estados con mayores índices de pobreza. Chiapas en 2012 tuvo un presupuesto de 50 millones y este año lo triplicó. “Ya le dimos una dirección diferente al gasto público”.

Según Rojas Gutiérrez los cambios implican también que el Inaes acompaña a las agrupaciones, organizaciones y comunidades en la formulación de sus proyectos. Rechaza que haya una intencionalidad política en la función del organismo.

“Nos orientamos por la vía de la circunstancia socioeconómica de los municipios. En Guerrero, por ejemplo, concentramos el trabajo en La Montaña y no me importa si las organizaciones allí son de izquierda o derecha, del PRI o del PRD. Antes no sucedía así. El año pasado en Guerrero se presentaron alrededor de 500 proyectos, ni el diez por ciento era de la región de la Montaña”.

Otro viraje del Inaes –que “lamentablemente” no fue posible concretar el primer año debido a restricciones legales- es enfocar su atención a los jóvenes, debido a las circunstancias particularmente difíciles que vive este sector, por ejemplo el hecho de que representan la mitad de las personas en prisión o el que 25 por ciento del total nacional no estudia ni trabaja. “He propuesto que tendencialmente el Inaes se dedique a trabajar con los jóvenes”.

Son tres las vertientes en que trabajará el Inaes con jóvenes: una con los que están en la escuela en educación media y superior, dado que esa etapa es muy productiva y porque hay altos índices de deserción escolar. “Vamos a formular con los jóvenes el anteproyecto y paso a paso construiremos los proyectos con ellos; estimularemos a los muchachos con recursos y en su momento con la financiación del proyecto. Ya hicimos algunas pruebas este año, básicamente en Chiapas, y han sido un exitazo, maestros y jóvenes ven que pueden abrir nuevas posibilidades. La segunda vertiente es con los jóvenes que están en los polígonos que señala la Secretaría de Gobernación, del Programa de Prevención del Delito. “Estamos hablando de colonias populares marginadas, allí es mucho más complejo trabajar”. Ya Inaes realizó talleres de formulación de proyectos, y “hemos detectado incongruencias de las instituciones, por ejemplo que no se podían dar apoyos a quienes carecen de Registro Federal de Causantes, o la condición de que los jóvenes den una aportación al proyecto, cuando ellos no tienen activos qué aportar. Son cosas que tendremos que resolver en la marcha”. La tercera vertiente es con algunos estados y municipios que tienen proyectos de jóvenes; “ya trabajamos con el gobierno de Chihuahua y el municipio de Ciudad Juárez para hacer trabajo en las colonias. En Chihuahua, por ejemplo participan los empresarios pero no quieren emplear a los jóvenes, les tienen temor; allí formulamos proyectos para que los jóvenes produzcan y abastezcan insumos a las empresas”.

Señala por otra parte que el Fonaes se había inclinado hacia la changarrización. Esto es, considerando que se calificaba mejor a Fonaes en la medida que tuviera más proyectos financiados, “lo que se hizo fue pulverizar los apoyos y empezaron a financiar el salón de belleza, la panadería, la estética…” Hoy estamos tratando de construir otro tipo de proyectos que tengan continuidad y posibilidades de largo aliento, sobre todo enfocados al campo y a los jóvenes. Y estamos trabajando con todas las organizaciones campesinas reconocidas del país, del CAP, Conorp, FAC y las que están agrupadas en estas tres grandotas”.

Carlos Rojas comenta que al llegar él a la institución observó que el entonces Fonaes gastaba “decenas de millones de pesos” en pagar cuestiones de asesoría y capacitación, que en realidad eran un engaño. Esos recursos estaban comprobados con facturas falsas, apócrifas y con fotografías de un mismo evento en diversos ángulos que querían hacerse aparecer como si correspondieran a varios eventos. “Me parece inaceptable que sucedan cosas así, y tomé la decisión de cancelar todos estos apoyos en 2013. Esto puede ser una decisión autoritaria, pero no estoy dispuesto a seguir sosteniendo organizaciones con procesos así, que no son reales ni correctos (…) Sí se requiere la capacitación pero construyámosla de otra manera”.

Explicó que eso condujo al Fonaes a una situación de judicialización. “Hay miles de demandas, por facturas evidentemente trampeadas, pero también algunas que son muy injustas contra grupos que por su propia circunstancia geográfica o socioeconómica estaban impedidos de comprobar correctamente los recursos. Hoy todas esas demandas, que llegaron a sumar unas 10 mil, están en proceso de depuración.

Se le comenta a Carlos Rojas que la pobreza es una condición creciente en la población de México y al parecer el modelo económico lo que busca es sólo administrarla.

“En lo personal creo que este modelo económico, que es injusto, mantiene una relativa estabilidad en el marco macroeconómico pero no lleva beneficios a los mexicanos. Mientras sigamos teniendo crecimientos mediocres, simplemente lo que tenemos es un problema grave de desempleo, que impide que el país se desarrolle adecuadamente. No hay que pedirle de más a los programas sociales, a los programas productivos. Sí, ayudamos en algo nosotros, pero lo cierto es que el problema de a de veras, de fondo, es de concepción del modelo económico, para decirlo con toda claridad”.

¿Por qué enfocarse en los jóvenes?

La decisión del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) de favorecer fundamentalmente a los jóvenes, considera varios factores socioeconómicos, contenidos en un análisis elaborado por el propio Instituto, “Jóvenes, su problemática e inclusión productiva en México”. Entre esos factores están:

-En la actualidad, México posee el “bono demográfico” más grande de su historia, o sea la etapa en que la población en edad de trabajar -15 y más años- alcanza su mayor peso relativo respecto de la población dependiente –menos de 15 y más de 64 años-. Dentro de ese bono se incluye a la población joven, de entre 15 y 29 años, que está integrada por 31.2 millones de personas equivalentes al 26.3 por ciento de la población nacional.

-En el futuro, por cambios en la pirámide poblacional, la población activa deberá mantener en términos económicos a un número creciente de adultos mayores dependientes.

-Del segmento de jóvenes en México, 53 por ciento son económicamente activos y 47 por ciento son inactivos. Destaca el hecho de que los jóvenes desocupados representan más de ocho por ciento del total, o sea tres puntos más que la desocupación nacional, lo que revela la desventaja del estrato social de jóvenes. Del total de la población ocupada de jóvenes, sólo 38.9 por ciento cuenta con un empleo formal. El resto, 61.1 por ciento labora de manera informal.

-La desocupación juvenil duplica a la adulta, es creciente y afecta en mayor proporción a los jóvenes de más alto nivel de escolaridad. “Es preocupante que a mayor escolaridad mayor desempleo juvenil”.

-Los jóvenes son más propensos a experimentar la pobreza, debido a las incertidumbres características de la transición de la niñez a la edad adulta y a la discriminación basada en la edad en los mercados laborales.

-El ingreso laboral promedio en el país se mantenido estancado en el curso de la década reciente.

-En dos décadas México ha padecido el mayor éxodo de población en su historia, con casi ocho millones de personas que emigraron al exterior, en especial Estados Unidos (EU) ante la imposibilidad de subsistir en su tierra. Una alta proporción de ellos son jóvenes. Las remesas registradas en los diez años recientes sumaron en promedio anual 20 mil millones de dólares, “que han servido para mitigar la pobreza”. Los envíos, sin embargo, se han reducido desde 2008 por problemas económicos y financieros de EU.

-El l27 por ciento de la población entre 15 y 29 años no tiene acceso a la salud, mientras que en el resto de la población la proporción es de 21.5 por ciento.

-Resulta sumamente grave que la principal causa de muerte entre los jóvenes son los homicidios, que representan el 27.9 por ciento del total, mientras que los accidentes ocupan el 24.2 por ciento y los suicidios el 6.6 “Es lamentable que los jóvenes, además de padecer exclusión y vulnerabilidades, estén pagando una cuota de sangre por la expansión del narcotráfico y el crimen organizado”.

-“El Instituto Nacional de Geografía y Estadística precisa que 33.7 por ciento de la población mayor de 12 años que cometió suicidio estaba sin empleo o sin estudiar”.

-Aunque no hay estadística precisa, se considera que más de la tercera parte de los delitos ocurridos en México en 2011 fueron a manos de población de entre 15 y 29 años de edad. Los principales ilícitos en que se involucran en relación con el total de los mismos, son asalto en la calle y el transporte público (6.12 por ciento), lesiones por agresión (64.37), violación sexual (63.26), hostigamiento e intento de violación (49.81), amenazas verbales de personas (47.25), y secuestro para exigir dinero y bienes (43.92 por ciento).

 
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