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Policía comunitaria: complicaciones

L

a integración en 2011 de la policía comunitaria de Cherán –que luego dio paso a la constitución del primer gobierno comunal en Michoacán– contó con el reconocimiento de todas las fuerzas políticas del estado, debido a la preocupación generalizada por los ataques que los pobladores del municipio indígena sufrían por los delincuentes que operan en la meseta purépecha.

En los meses siguientes habitantes de otras demarcaciones empezaron a imitar el ejemplo de los cheranenses con la idea legítima de defender sus vidas y su patrimonio de los delincuentes.

Pero el asunto se complicó cuando, de acuerdo con informes de la Sedena, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los cárteles antagónicos que se disputan el control de las regiones Tierra Caliente y Sierra-Costa (Los caballeros templarios y el cártel de Jalisco Nueva Generación) vieron en esos ciudadanos y en quienes los encabezan la forma de organizar grupos armados a su servicio.

La situación tiende a extenderse y agravarse, pues a principios de este mes en Jilotlán de los Dolores (municipio de Jalisco colindante con Tepalcatepec, demarcación michoacana donde opera un grupo de autodefensa) ocurrió un enfrentamiento que obligó a aplicar de inmediato un operativo policiaco-militar y a convocar a una reunión urgente del gabinete de seguridad de aquella entidad, pues informes de inteligencia apuntan a que Los caballeros templarios planean ingresar a los municipios jaliscienses que comparten frontera con Michoacán para organizar y armar a civiles que le hagan frente al cártel Nueva Generación.

Las autoridades ya no saben qué hacer y todo lo buscan resolver mediante el uso de la fuerza. La estrategia más reciente que aplicaron fue la operación Sellamiento para evitar que se movilicen grupos delictivos entre ambas entidades. Sin embargo, ahora también se ha tenido que colocar retenes en los caminos de Michoacán para evitar la expansión interna de las autodefensas.

Pero no se va al fondo del problema, que empezó a agravarse durante el sexenio del perredista Lázaro Cárdenas Batel: los michoacanos están a merced de la delincuencia, la pobreza campea por la falta de gasto social gubernamental, y la poca inversión privada ha sido ahuyentada por el cobro de cuotas y las extorsiones.

Y ahora, otra preocupación es el éxodo de cientos de familias que escapan de la violencia, tema que se abordará en la siguiente entrega.