La pretensión del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, de que se apruebe un marco jurídico que le permita al Ejército investigar y denunciar actos ilícitos para hacer más eficiente su lucha contra el crimen organizado tiene dos componentes centrales: ampliar facultades a los soldados para actuar en casos de flagrancia y que los militares tengan atribuciones similares a las de la policía y el Ministerio Público.

Fuentes castrenses señalaron lo anterior y agregaron que el secretario ya ha señalado en diversas ocasiones y tonos la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de un marco legal para dar seguridad jurídica a los soldados que intervienen en labores de seguridad interna.

Por su parte, fuentes judiciales señalaron que para dotar al Ejército de las atribuciones que demanda su titular, necesariamente se requeriría de una reforma constitucional, porque la Carta Magna reserva esas atribuciones a las autoridades civiles y al Ministerio Público (federal o local).

Fueron interrogados respecto de las declaraciones del general Cienfuegos el miércoles pasado en el estado de Sonora, donde sostuvo: Hemos pedido una legislación para poder trabajar y seguir combatiendo al crimen organizado de acuerdo con la ley: ahorita lo hacemos única y exclusivamente en apoyo de las autoridades civiles, no tenemos ningún otro apoyo jurídico para participar.

Y allí agregó: Si contáramos con un marco jurídico que nos permitiera hacer investigación, denuncias y todo lo que corresponda, seríamos mucho más efectivos; eso no lo hacemos ahorita más que con el apoyo de la autoridad civil.

Los militares consultados comentaron que lo importante de lo dicho por el general secretario es que puso el tema en la mesa, para que los que tengan que actuar y legislar lo hagan y establezcan los detalles respectivos.

Añadieron que la idea del alto mando es que cuando los soldados intervengan en casos de flagrancia, como sería la detección de una casa de seguridad donde se tenga la certeza de que hay personas retenidas ilegalmente, tengan la posibilidad de actuar sin la necesidad de esperar la llegada de la policía o del Ministerio Público.

Respecto a lo que implicaría la demanda del general Cienfuegos en materia jurídica, fuentes del Poder Judicial de la Federación precisaron que se requeriría necesariamente una reforma a la Constitución, porque ésta dispone en el artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.

En otra parte, añadieron que dicho artículo precisa que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.