Opinión
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Militares, policías e inseguridad
L

os candidatos de todos los partidos nos tomaron el pelo en 2012. Una de las razones por las que votamos por ellos fue que estábamos hartos de Felipe Calderón. Sin embargo, los ahora gobernantes están haciendo lo mismo que el becario en Harvard, pese a conocer sus sangrientos e inútiles resultados: militarizar las zonas donde no se ha podido acabar con el crimen y cortando cabezas de éste a sabiendas de que surgen otras más. Esas nuevas cabezas del crimen organizado, por cierto, ni siquiera tienen identificación en los sistemas de la llamada inteligencia policial.

En Estados Unidos, según la Wikipedia, existe una ley (1878) que obliga al gobierno federal a no usar a los militares como fuerzas del orden. Esta ley, llamada Posse Comitatus Act, prohíbe al gobierno federal de ese país usar el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en tareas propias de la policía en propiedades no federales del territorio de ese país.

En México no tenemos una ley como la mencionada, pero sí restricciones legales al uso de las fuerzas militares en asuntos que corresponden a la policía. Sin embargo, se utilizan y se han utilizado para resguardar el orden a juicio de un gobernante, para perseguir criminales, para sofocar actos de oposición, para amedrentar a la población, etcétera. Vaya, hasta se han usado para evaluar y capacitar a agentes de la policía municipal, como está ocurriendo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La paradoja de este uso ilegal de fuerzas militares es que nadie protesta y en algunos lugares hasta las piden con tal de poder salir a la calle sin mayor peligro. Matamoros, Tamaulipas, es un ejemplo (no el único, por cierto), donde la gobernante le pide a la población que no salga de sus casas, y menos de noche. Así las cosas no extrañará a nadie que esa y otras poblaciones en semejante situación pidan, por decirlo así, un soldado en cada esquina para sentirse más o menos protegidos. En Cuernavaca, por cierto, no falta mucho.

En la capital de Morelos, dizque por razones presupuestales, se ha impuesto una modalidad a todas luces inequitativa y probablemente ilegal: que en los barrios donde su población tenga recursos, ésta adopte una patrulla. No es broma: hay colonias donde sí se ven patrullas municipales, en mal estado por cierto, y esto se debe a que son subvencionadas por la comunidad, cuando debiera hacerlo el municipio, pues no es guardia privada. En otros barrios, donde sus pobladores no tienen suficientes recursos, pues no hay. El reto diario es encuentre un policía, aunque sea de tránsito. Quizá la culpa no la tiene el actual presidente municipal sino sus antecesores, también priístas, que dejaron en bancarrota al municipio y nadie los ha llevado a juicio.

Si los priístas se prepararon por tanto tiempo para ganar la Presidencia de la República, ¿cómo es que no se les ocurrió buscar una estrategia diferente a la implantada por Calderón contra el crimen organizado? Ellos sabían que dicha estrategia no funcionaba y hasta la criticaron. Pero están haciendo lo mismo, no se ve cuál es el cambio. Lo que sí se ve es que, en lo que va del nuevo gobierno, ya se han reportado alrededor de 15 mil muertes relacionadas con acciones del crimen. A este ritmo, al final del sexenio el saldo será muy semejante al dejado por el panista.

No sé qué piensan arriba, pero los de abajo tememos por nuestra seguridad todos los días. Nada ha cambiado aunque ayer o antier detuvieran a una banda de esto o de aquello, esto es, de criminales. Podemos ser buenos o malos consumidores, buenos o malos estudiantes, comer bien o medio comer, pero si no hay seguridad no nos sentimos tranquilos. Para el gobierno o los gobiernos este tema podrá ser de segunda o de tercera importancia, para los ciudadanos comunes es de primera. Los dueños de empresas de todo tipo, especialmente pequeñas, se quejan todos los días de que los delincuentes les exigen derecho de piso (que se mochen, pues): unos pueden pagarlo, otros no y se ven obligados a cerrar. Estos cierres traen desempleo como consecuencia, y el desempleo invita a delinquir aunque sea para la comida de él, ella o su familia. Si el desempleado es policía, porque no dio el ancho o porque es corrupto, peor, pues hasta saben cómo burlar a los que se quedaron, si no los convierten en cómplices. Y además saben usar armas.

No ha cambiado nada y la militarización del país no se ve como la mejor salida. Ahora están en uno o dos municipios de Michoacán, ¿también estarán en el resto de los que tiene ese estado, 110 más? ¿Y en los otros 2 mil 400 y pico en el país? Imposible, pero también es imposible atajar a la delincuencia con los policías que hay, por su número y por su venalidad. No se ve la solución, pero esto no quiere decir que no sea responsabilidad de los gobernantes. Inventen algo, porque aquello de que problema que no tiene solución no es problema es sólo un sofisma atribuido a Mao. El problema sí existe y ya se está volviendo intolerable. No le agreguen el de la militarización del país. A nadie le conviene y probablemente tampoco a los militares, pues su acción de policías, a diferencia de la ayuda a los damnificados, no los dignifica ni les corresponde.

www.rodriguezaraujo.unam.mx