Monsanto, ávido por maíces transgénicos, se adueña
de tierras en Nayarit

Lourdes Rudiño

El excelente clima, la alta calidad del suelo, y la vastedad de agua han hecho que Monsanto, la trasnacional líder en transgénicos, coloque sus ambiciones en la región de El Tizate, en el municipio de Santiago Ixcuinta, Nayarit, donde ya desde 2010 cuenta con su Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Sorgo –el más grande de su tipo en Latinoamérica y el tercero a escala global, según la propia empresa- y donde enfoca hoy sus baterías a la adquisición y renta masiva de tierras, en medio de la indiferencia y/o complicidad de autoridades locales y federales.

La trasnacional -que por ahora está bateada por la decisión judicial de frenar cautelarmente cualquier siembra de maíz transgénico en México- desarrolla una estrategia de debilitamiento de la economía campesina, para poder hacerse de las tierras de los productores:

Desde el ciclo otoño/invierno 2010-11 Monsanto ha venido estableciendo, como en ningún otro lugar del mundo, contratos de compra de semillas híbridas con precios fijos a niveles inferiores de lo que el mercado global marca, afirma Federico Langarica Chavarín, quien ha representado a los productores en el conflicto.

Agrega: al mismo tiempo –lo cual parece un mecanismo concertado- la Financiera Rural (Finrural), las cajas de ahorro y préstamo y los agiotistas, están ejerciendo presión sobre los campesinos por carteras vencidas: “les han metido cientos de demandas y amenazan con embargar sus tierras”, situación que convierte a los productores en carne de cañón para la compañía que no oculta sus ambiciones por acaparar tierras en El Tizate, zona privilegiada con temperaturas idóneas y agua a más no poder. “Finrural ha apretado tanto que ni siquiera tiene acreditados ya en la región”, comentó Langarica.

“En el Registro Público de la Propiedad no nos querían dar información, pero con amigos hemos investigado y vemos que Monsanto está comprando mucha tierra, al precio que sea, además tiene rentadas más de mil hectáreas, pues paga 13 mil pesos de arriendo por año y hace contratos por tres años. Ante eso, ¿qué hacen los productores, qué hace por ejemplo una campesina viuda con hijos y tres hectáreas, pues renta, recibe 39 mil pesos juntos y no se molesta en sembrar ni se preocupa si va a llover o no”, dice Langarica. En la zona, en las márgenes del río Santiago, ya está en proceso un canal que va a servir de riego a unas 70 mil hectáreas. “Monsanto está tomando tierras allí. La mayoría es de pequeña propiedad, pero también compra predios ejidales”.

El trasfondo está en el interés explícito de Monsanto de potenciar su Centro de Investigación “una vez que el gobierno federal permita la producción y comercialización de maíz transgénico”, según la expectativa expresada al periódico Milenio, en marzo de 2010, por el presidente de la empresa para América Latina Norte, José Manuel Madero (www.milenio.com/cdb/doc/impreso/8729411).

Según esa nota, publicada con motivo de la inauguración del Centro mencionado, que implicó una inversión de 70 millones de pesos, Monsanto pretende impulsar la producción semillas del Centro de Mejoramiento, “para exportar a todo el mundo (…) México tiene la capacidad para convertirse en un centro de producción y exportación de semillas biotecnológicas, o transgéncias, para lo cual deben cumplirse los requisitos de la legislación mexicana”, dijo, según el texto de Milenio.

Ya en octubre de 2012, La Jornada publicó información de compras de tierra de Monsanto en El Tizate. Entonces se hablaba de una compra de más de mil 800 hectáreas en las márgenes del río Santiago. El alcalde, Pável Jarero Velázquez, dijo entonces que “los labriegos venden sus tierras porque los acaparadores de granos, en especial los de Sinaloa, les ofrecen precios irrisorios por sus cosechas, en especial las de frijol. Jarero detalló que las tierras agrícolas altamente productivas que Monsanto está adquiriendo se encuentran en las localidades de Sauta, El Papalote, Valle Zaragoza, San Isidro, La Presa, Ejido de Villa Hidalgo, Miguel Hidalgo, El Solorzeño y Patroneño” (jornada.unam.mx/2012/10/03/estados/036n1est).

Y ¿cómo reacciona la autoridad? Emeterio Carlón Acosta, quien fue delegado de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) en Nayarit hasta hace seis meses y durante dos años, “se dio cuenta del problema (de los contratos amañados con precios injustos); escuchó las quejas de los productores, ofreció interceder y luego no nos volvió a atender. Ahora es el titular de Agricultura del gobierno de Nayarit. El delegado actual de Sagarpa, Sergio Mendoza Guzmán, no nos quiere recibir, no quiere saber del tema. El gobernador (Roberto Sandoval) es amigo de Monsanto, pues la empresa le regala todos los esquilmos de su maíz para que él obsequie pacas de pastura a los ganaderos. No tenemos apoyo del gobierno”.

El viacrucis de los campesinos de Nayarit con la trasnacional comenzó en 2010. Ya Monsanto había realizado sin problema contratos de habilitación para compra de semilla con productores desde hacía unos pocos años atrás en El Tizate y desde más de 20 años en Bahía de Banderas. Los contratos respetaban el precio que corría en el mercado. En 2010, sin embargo, actuó como no lo había hecho antes “ni en ningún país del mundo, ni con algodón, soya o cualquier otro cultivo”: pactó con los agricultores un pago de 2.70 por kilo, sobre una superficie de más de dos mil hectáreas en ambos municipios, a sabiendas que al momento de la cosecha el precio sería mayor (pues la lonja de Chicago avizoraba un nivel de cuatro pesos).

“Fue una acción, ventajosa, premeditada y con mucha alevosía”. Los productores se vieron en una encrucijada pues sus costos de producción resultaron de tres a 3.5 pesos por kilo en promedio, o sea que salían perdiendo.

Ante ello, viendo que el contrato era leonino y anticonstitucional, en los dos municipios “fuimos a pláticas con Monsanto, pero los gerentes nos dijeron ‘háganle como quieran’ y no aceptaron subir el precio”, recordó Langarica.

La situación derivó en la toma, por parte de los productores de la planta de Monsanto en Bahía de Banderas y del Centro de Mejoramiento de El Tizate, la cual duró varios días. El entonces senador perredista Javier Castellón Fonseca gestionó a favor de los productores, y Monsanto al final decidió concertar una compensación de precio la cual fue pagada en el ciclo del año posterior, 2011-12. Productores que habían emprendido demandas legales contra Monsanto fueron comprados y se desistieron, y además las demandas no procedían porque los contratos establecían que cualquier conflicto debía dirimirse en la Ciudad de México, situación para la cual los campesinos no estaban preparados.

En el ciclo 2012-13, que corresponde a la cosecha actual, Monsanto generó “nuevos contratos fraudulentos”. Pagan la semilla de maíz a 3.635 el kilo, cuando el mercado mundial marca que el precio debería ser de 4.2 a 4.40. Los agricultores han realizado reuniones para inconformarse y definir estrategias, pero enfrentan acciones intimidatorias de representantes de la trasnacional. “Llegan a su casa a amenazarlos de que si siguen organizándose, la empresa no entregará la habilitación (dinero para la siembra, parte de los contratos)”.

Langarica comenta que la situación es grave, que los juzgados están llenos de campesinos que están siendo demandados por las entidades financieras y por los agiotistas, y que todo parece encaminado a que Monsanto se adueñe masivamente de tierras. Pero los productores, dice, tienen también herramientas para defenderse, y una de ellas podría ser la siembra de maíz amarillo que contamine los maíces que se siembran para la trasnacional. Esta es una historia que apenas comienza.