Al concluir ayer la audiencia pública del caso Tide Méndez y otros vs. República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), los representantes de las 27 presuntas víctimas –de las cuales 22 son dominicanas– denunciaron que en esa nación caribeña existe una discriminación racial estructural e institucional, la cual afecta a la población negra, y de manera específica a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y migrantes que residen en ese país.

Ayer mismo, se inició la audiencia pública Solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante, a solicitud de cuatro países del Mercosur, para que la Coridh emita criterios jurídicos para que los países del sistema interamericano garanticen los derechos de los niños migrantes.

La petición hecha por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina responde al interés de estos gobiernos de superar la grave situación en que se encuentran los derechos humanos de niños y adolescentes que migran por motivos económicos, culturales, sociales o políticos, señaló Victor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, quien presentó la solicitud respectiva en nombre de las cuatro naciones.

Respecto del caso de la República Dominicana, los representantes de las víctimas cuestionaron que, lejos de aceptar que hay discriminación, el gobierno de ese país se diferencia de otras naciones de la región por la negación absoluta de este problema.

Al hablar en representación de las víctimas, que alegan que fueron expulsadas ilegalmente de su propio país, Francisco Quintana, Paola García Rey y Jenny Morón coincidieron en que “las dos manifestaciones más graves de esta discriminación institucional son, por un lado, las expulsiones masivas que están basadas en perfiles raciales y, por otro lado, la aplicación discriminatoria de la legislación sobre nacionalidad en perjuicio de los descendientes haitianos nacidos en República Dominicana.

Por su parte, el representante del gobierno de República Dominicana, José Casado-Liberato, descalificó las acusaciones en el sentido de que su país implemente políticas discriminatorias y aseguró que en las audiencias celebradas ayer y hoy en la Biblioteca José Vasconcelos no se presentó ninguna prueba ni siquiera circunstancial de que los hechos narrados por una de las víctimas hayan ocurrido.

Descalificó incluso la veracidad del testimonio rendido por William Ferraras, quien dijo que debido a la forma en que irrumpieron los agentes dominicanos en su casa por la noche, murió una de sus hijas.

Los representantes de las víctimas ratificaron su pedimento a la Coridh de que ordene a Dominicana dejar de practicar expulsiones masivas y que implemente cursos de no discriminación a los funcionarios vinculados con la migración.