Política
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Ecos del 2 de octubre

Esa teoría política busca el beneficio general, dice Ignacio Pineda

La violencia no se puede atribuir al anarquismo, precisa promotor cultural
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de octubre de 2013, p. 4

La violencia de grupos juveniles durante las protestas del 2 de octubre y otras anteriores no son un fenómeno anarquista, dice en entrevista el promotor cultural Ignacio Pineda, fundador del Foro Alicia y además asumido como anarquista. Los clásicos del anarquismo, como Ricardo Flores Magón, Bakunin, Malatesta, Librado Rivera, nunca favorecieron la violencia en sus escritos, sino al contrario, la rechazaron.

Pineda reconoció que hay mucho descontento de la población, pero también hay muchos infiltrados y gente pagada. No todos los que avientan piedras son anarquistas. Un anarquista, agregó, es un ciudadano que rechaza el poder y la autoridad y busca el beneficio para todos. El anarquismo es una teoría social, política y filosófica que rechaza todo tipo de poder y autoridad. A cambio propone el mutuo acuerdo, la libre asociación, la paz, la libertad y la autogestión.

Para el promotor cultural el anarquismo es fundamentalmente pacífico, pues se basa en el libre contrato entre dos individuos sin mediación de la violencia. Dice que la promoción de esa corriente de pensamiento se realiza mediante círculos de estudios, colectivos y la divulgación de la creatividad.

Nunca te impones, es por mutuo acuerdo, es un proceso de toma de conciencia.

Pineda llamó a no confundirse con las situaciones de violencia que suceden actualmente durante las manifestaciones políticas y sociales en el país y pidió detener la estigmatización del anarquismo. Si en esta época viviera Ricardo Flores Magón, para las autoridades sería un delincuente. Nos preguntamos: ¿a caso él es un delincuente? Él es un prócer de la Revolución, fue el que la inició.

Infiltración, vieja práctica

Mientras, Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, aseguró que en México siguen vigentes “las viejas prácticas de infiltrar las movilizaciones con provocadores y halcones para reventar las marchas y detener a dirigentes sociales”, por lo que pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligue al gobierno federal y del Distrito Federal a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México forma parte y tienen el mismo rango en la Constitución.

Exhortó a Juan Silva Meza, presidente de la Corte y a Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que verifiquen la regresión en materia de protección de los derechos humanos.