Traición histórica al pueblo Guarijío
Siguen las tropelías del
gobierno de padrés en Sonora

Campesinos en labor. 1932

Adazahira Chávez

Se pensó que los guarijíos habían desaparecido hace 300 años, tras las persecuciones y el peonaje contra los pueblos indios del norte de México. En la década de los setentas se les reconocieron las tierras, y hoy, menos de cincuenta años después, los que se llaman a sí mismos mahkurawe ven su existencia amenazada por la construcción de la presa Bicentenario Pilares, en el río Mayo.

El gobierno sonorense arrancó cuatro de cinco firmas de los gobernadores tradicionales para obtener el consentimiento de la obra, pero el mandato de las asambleas es claro: “que nos respeten donde estamos viviendo por usos y costumbres, y que no nos molesten”, resume Fidencio Leyva, gobernador tradicional del ejido Guarijíos-Burapaco, quien sustituyó al que “traicionó” a su asamblea.

Los mahkurawe, señala el gobernador Leyva, no tuvieron problemas anteriormente con el gobierno: “Siempre lo poquito que han dado de programas de vivienda y el Oportunidades, llegó sin ningún atropello. Es en esta generación que han tratado de faltar el respeto hacia la comunidad guarijía”.

Ejidos y represas. En 1973 y bajo la Reforma Agraria, se constituyó el ejido Guajaray. En los años ochenta se conformaron los ejidos Guarijíos-Burapaco y Guarijíos-Los Conejos. Actualmente, estiman sus asesores Armando Haro y Ramón Martínez, la tribu guarijía suma alrededor de cuatro mil personas asentadas en los tres ejidos y en los poblados de Los Jacales, Colonia Makurawi y La Coyotera, en San Bernardo.

“Del río todos sobrevivimos y trabajamos. En su vega sembramos de temporada maíz, frijol y calabaza para comer. Hacemos la fiesta tugurada, la pascola, el rito de los panteones, todo cerca del río. También de los árboles que crecen cerca del agua sacamos la medicina tradicional”, describe Fidencio Leyva.

Las 550 familias guarijías —en Álamos y Quiriego, sur de Sonora—comparten el río Mayo con los warojíos, en Chihuahua, y los mayos. En 1954 en la cuenca baja se edificó la presa Mocúzarit, para detonar la productividad del Distrito de Riego 38.

En noviembre de 2010 se conoció el proyecto de presa Bicentenario Los Pilares, que se ubicará en Álamos y está promovido por una pequeña empresa social y el Distrito de Riego Número 38. La Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala que serán afectadas nueve comunidades guarijías, dos de las cuales serán reubicadas. Además de perder recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, los guarijíios perderán sus lugares sagrados y panteones, dos sitios arqueológicos y dos de los asentamientos principales de la tribu, exponen los asesores.

Río poco claro. Los guarijíos y sus asesores, investigadores de la Universidad de Sonora, denuncian la falta de información clara y oficial sobre alcance, impactos y finalidad de la presa, que es parte del Plan Hidrológico del Noroeste (Plhino), al que también pertenece “Sonora Sí”.

En el primer anuncio se dijo que la presa sería una hidroeléctrica, luego, que fortalecería al distrito de riego; y por último, que su destino será contener las avenidas de agua. La última información que poseen los afectados es que servirá para alimentar a una mina de plata. El gobernador Leyva acusa que ellos solamente se enteraron porque vinieron representantes del gobierno del estado a anunciarles un proyecto de presa que les traería grandes beneficios.

“Escuchamos del proyecto, y ya alguna gente del gobierno anduvo midiendo del río para arriba”, recuerda Leyva, quien señala que a través de un vistazo a un croquis de los empleados gubernamentales se dieron cuenta de que se inundaría al pueblo Mochibampo y a Mesa Colorada, “que es donde está la raíz del pueblo. De momento dijimos, qué vamos a hacer, dónde podemos actuar para que lo defiendan”. El resultado de la falta de información es “que no aceptamos la presa porque no sabemos lo que es. Está en espera de si se hace la consulta”.

Los asesores de la tribu denuncian que la obra fue presupuestada y licitada sin la documentación debida del proyecto definitivo; que ningún sector gubernamental cumplió con la consulta previa, libre e informada para obtener el consentimiento de la tribu; que el proyecto se instalará dentro de un Área Natural Protegida; y que el gobierno estatal y el municipal de Álamos ejercen una presión “sistemática e intimidatoria, con amenazas directas sobre sus gobernadores tradicionales y a espaldas de sus asambleas para arrebatar la cesión de derechos sobre la tierra que el proyecto requiere”.

En 2012 se hizo un diálogo entre el gobierno y los guarijíos rumbo a la consulta previa, libre e informada. Aunque hubo acuerdos, el gobierno del estado no los cumplió y las instituciones federales abandonaron el diálogo. El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que avala la obra fue encargado por la Semarnat, curiosamente, a quienes promueven la obra: el Distrito de Riego 38, que se asoció con un grupo llamado “México Sustentable”. Los investigadores examinaron el mia y descubrieron, entre otras debilidades, que el estudio se basó en otro hecho en Veracruz, por lo que lograron echarlo para atrás. Un nuevo resolutivo no transforma la aceptabilidad de la presa, “la semi condiciona a que se haga la consulta”, informa el académico. “Pero la consulta no es vinculante en México, así que tenemos un problema”.

Los guarijíos fueron amenazados con que les serían retirados los programas sociales federales si no autorizaban la obra. Los asesores fueron amenazados de muerte. El 16 de julio, recuerda el gobernador Leyva, hubo una reunión con dos funcionarios del gobierno estatal, que traían preparado un acuerdo que debían firmar los guarijíos. “Yo les dije que dónde y en cuál reunión se pusieron de acuerdo estos cinco gobernadores con la asamblea. Después nos dimos cuenta, el 10 de agosto, que nuestro señor gobernador tradicional y otros tres ya habían firmado”.

Los investigadores denuncian que con dicho convenio, el gobierno pretende suplantar el consentimiento libre, previo e informado al que tiene derecho la tribu. El gobernador de Burapaco considera que, como el gobierno no pudo obtener el consentimiento de la comunidad, “a la mejor quiere dividir la gente y conformarla dándole despensa y apoyos, pero con el único que pudieron fue con el gobernador saliente”.

El gobernador Leyva informa que las comunidades se preocuparon por las firmas a sus espaldas, y “rápidamente cambiaron al gobernador que firmó el convenio”. Leyva señala que los gobernadores están buscando una reunión interna, “para ver cuál fue el motivo por el que ellos empezaron a firmar, cuando estábamos muy unidos anteriormente en que no aceptamos la presa porque no sabemos lo que trae. Mi pienso es no quitarme de encima hasta no llegar a un acuerdo de cómo vamos a actuar”.

Los guarijíos no quieren irse de sus tierras. “Sabemos que el río es la vida, y tenemos todo el tiempo el agua. Cambiando a otra parte, no va a ser lo mismo”, señala Leyva.