Ramón Vera Herrera
Qué disparidad, qué falta de sincronía, qué desencuentro. Las comunidades ven llegar a los funcionarios de las dependencias de gobierno —como los de la Secretaría de Salud, los operadores y técnicos de paraestatales como Pemex, o los agrónomos que les promueven mecanización y agroquímicos, servicios ambientales, o consultas ahora sí auténticas—, y nomás se persignan esperando el golpe, que siempre llega, aplastante y repetido.
Revisemos. La gente de la Huasteca, veracruzana, hidalguense, potosina de Papantla a Tampico, pasando por Huautla, Tlacolula, Ixhuatlán de Madero, Huautla, Yahualica, Atlapexco, Acatepec, Oxeloco, Huejutla y puntos intermedios han sentido la presencia de Pemex desde 1958, pero ahora con el llamado PaleoCanal —lo que hoy se llama Aceites Terciarios del Golfo— saben que se avecina una hecatombe que no sólo significa la apertura de brechas, la perforación de pozos o la destrucción de algunos cultivos. Ojalá. Ya los agravios se juntan y la gente (que pide no ser identificada por temor a las represalias) no olvida a los que se quemaron por la rotura de algunas líneas de un gasoducto que se rompió. Viven la contaminación de los pozos artesianos con la bentonita con la que dicen sellar los ductos; el recorte brutal que ha significado el llamado derecho de vía con sus tantos metros a un lado y otro de las brechas. El mismo hecho de que el dinero llegue a los municipios es ya un motivo de agravio, porque la gente no ha visto nunca ese dinero. Y además están los derrames. La gente enardecida ha bloqueado carreteras en momentos álgidos y en otros recibe compensaciones siempre insuficientes.
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Hoy, con la promesa de convertirse en una zona tan importante como la del Mar Caspio a nivel mundial, se agudiza la actividad en la región. Y aunque las comunidades sepan que cuando alguien firma un permiso de perforación todos pierden fuerza, también sabe que las nuevas técnicas basadas en plataformas terrestres de explotación (llamadas macro-peras) pueden alojar varios pozos internos o contra-pozos, y permiten succionar de terrenos aledaños. “Si alguien no acepta la perforación, van con el vecino para poder entrar por túnel a la tierra con crudo. Y por debajo cavan contrapozos, con lo cual no le pagan a todos los afectados, se drena todo un paraje, y en los hechos enajenan el futuro de vastos territorios al provocar afectaciones subterráneas no fácilmente entendibles”. A esto se suma uno de los peligros más inminentes de la nueva mecanización moderna: la fracturación hidráulica, que inyecta cientos de compuestos mezclados en una agua a presión que devastan literalmente el subsuelo para que aflore más fácilmente el crudo. En la zona de Chicontepec, Pemex busca construir unas 15 mil plataformas de perforación.
La gente lo sabe bien. Y varios repiten, de un modo o de otro: “vivimos del maíz, del agua, de las verduras y frutos que nacen de la tierra. Todo lo que acabe con el agua y con nuestra tierra nos trae la muerte. Y esa muerte comienza con la división del nosotros. El dinero que nos quieren dar nunca será nada. El maíz es lo único que no se acaba. Cuando se acabe el maíz dejaremos de ser”. Pero ya están desplomando los cerros: “le sacan y sacan tierra y le abren caminos para llegar a donde van a perforar”. Y poco a poco desplazan a la gente. Ya lo saben, ya lo sienten. Los equipos de prospección, o de plano de perforación, son presencias que se confirman con la construcción de viviendas para grupos de trabajadores. Por la expropiación de predios, por la insistencia de que la gente otorgue los permisos, a cambio de una carretera, una escuelita o una clínica que de por sí tendría que haber.
En el diagnóstico integral que hace la gente todo el proyecto petrolero sale mal parado. Claro, será peor con compañías extranjeras, pero que sea nacional la explotación no termina por resolver una de las grandes contradicciones actuales: nadie quiere respetar a los pueblos. Porque ni dudarlo: habrá contaminación de los manantiales, de los ríos, del aire. El paisaje, el entorno, se fracturará alterando el equilibrio climático de la región. Habrá invasión, acaparamiento y despojo de tierras y territorios. La fragmentación comunitaria vendrá como consecuencia de la corrupción promovida por el interés de la extracción a cualquier precio. Esto repercutirá sobre los tejidos organizativos, en particular la asamblea, la comunidad. Por si fuera poco, el boom-town crecerá con su cauda de prostitución, delincuencia, antros, drogadicción y alcoholismo.
El dinero aumentará la ilusión vacía de que, poseyéndolo, el futuro está asegurado. Se romperá el círculo creativo de la subsistencia y la gente comenzará a trabajar para contar con dinero para comer para juntar la fuerza suficiente para trabajar, tener dinero y así poder comer, como único destino.
Las comunidades comienzan a entender que toda negociación planteada con las corporaciones, en este caso un Pemex con empresas “prestadoras de servicio” como Halliburton y amigos que la acompañan, nunca podrá ocurrir en igualdad de condiciones, por lo que hay que evadir esas negociaciones tramposas, sabiendo, además, que la compensación ofrecida, la supuesta reparación de las afectaciones, nunca será suficiente porque aplaca, pero no resuelve.
Un ingeniero de Papantla decía: “mientras no veamos el problema integral, no entenderemos la gravedad de lo que está ocurriendo, con todas sus aristas. Si son tan mañosos que hasta le agregan sustancias al agua que precipitan los hidrocarburos, para hacernos creer que ya limpiaron cuando que solamente escondieron la contaminación”. Y por si fuera poco, hay quien se harta y vende y se va, o simplemente se va, dejando un vacío que será propicio para la próxima renovada invasión.
El círculo es perfecto. “Mientras más se rompa todo por la entrada de los proyectos, más fácil será que se pierda la comunidad, la asamblea y la milpa. Pero lo inverso también es cierto. Mientras más perdamos nuestros propios alimentos, nuestra milpa, nuestra fortaleza en la asamblea, más será fácil invadirnos y venirnos a chingar”. Muchos programas de gobierno contribuyen a esto.
Nomás, como muestra, algo de una ruindad inverosímil: los niños por nacer deben nacer en clínicas, con prestadores de servicios registrados en el sistema de salud. Médicos, enfermeras y demás. Las parteras comunitarias comienzan a estar proscritas. Los niños nacidos de partos en sus casas no tendrán certificado de nacimiento. El resultado es que sin ese papel otorgado por el hospital, muchos niños ya hoy no pueden sacar su acta de nacimiento. El gobierno de Peña Nieto les está negando la existencia, literalmente.