A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General para el Control del Tabaco, sólo 10 estados de la República tienen una legislación local. En otros cinco los proyectos están en discusión en los congresos, aseguraron organizaciones civiles que iniciaron una campaña para promover que los diputados aprueben un nuevo incremento al impuesto a los cigarros.

En conferencia de prensa, Juan Núñez, coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento), resaltó que el impuesto de siete pesos vigente a partir de 2011 generó el año pasado ingresos fiscales por 33 mil millones de pesos, pero los costos de la atención de enfermedades asociadas al tabaquismo ascienden a cerca de 45 mil millones de pesos.

Es decir, sostuvo, todavía hay un hoyo que los ciudadanos estamos subsidiando para que los enfermos de cáncer de pulmón y afecciones cardiovasculares, entre otros padecimientos, tengan la atención médica que requieren.

Además, están las muertes vincu­ladas a esta adicción, que se calculan en 66 mil al año, 165 diarias, que de igual forma representan un alto costo para el país. Por eso la importancia de dar continuidad a las medidas fiscales y que en la próxima discusión de la reforma fiscal se incluya el tema, a fin de aumentar en 11 pesos el impuesto al consumo de cigarros.

Con ese monto, el país daría cumplimiento al Convenio Marco para el Control del Tabaco, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el cual establece que la medida fiscal debe representar, por lo menos, 75 por ciento del precio del producto.

El activista también señaló que los legisladores deben hacer lo necesario para que el gravamen quede indexado a la inflación y de esa manera mantenga su efectividad para desalentar el consumo de tabaco entre los adolescentes.