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Tampoco hay voluntad para castigar a culpables

Ciego y sordo, el gobierno no quiere resolver crímenes de la guerra sucia: Tita Radilla
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Octavio Amezcua Noriega; Alejandra Nuño Ruiz Velasco; Luis González Placencia, titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF; Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, y Julio Mata Montiel, en la conmemoración del 39 aniversario de la desaparición forzada del activista guerrerenseFoto Carlos Cisneros
 
Periódico La Jornada
Jueves 29 de agosto de 2013, p. 21

Después de 39 años de la desa-parición forzada del luchador social Rosendo Radilla, y a cuatro del inicio de las excavaciones para buscar sus restos, las autoridades no han obtenido resultado alguno porque no realizan investigaciones científicas previas ni tienen voluntad política para juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad, afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, Tita Radilla, hija del mencionado activista y coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que las autoridades siguen sordas y ciegas, porque en realidad no quieren resolver los crímenes ocurridos durante la llamada guerra sucia.

No hay un solo caso esclarecido ni un criminal sujeto a juicio. (El gobierno) habla de avances y de que tiene voluntad, pero no hay investigaciones reales y efectivas para encontrar a nuestros familiares, lamentó.

En tanto, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, coincidió en que las excavaciones realizadas por el Estado mexicano para buscar los restos óseos de Radilla –como le ordenó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– sólo representan un acto de simulación, por lo que llamó a interrogar a los personajes clave que ordenaron y ejecutaron la represión, así como levantar el antiguo cuartel militar de Atoyac de Álvarez para hacer una búsqueda seria.

Alejandra Nuño, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, detalló por su parte todas las acciones que el Estado mexicano está obligado a cumplir como medidas de reparación del daño, pero que hasta el momento ha ignorado, entre ellas, llevar a cabo un acto de disculpa pública con el aval y asistencia de los familiares.

De igual manera, recordó, no ha tipificado adecuadamente el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal ni ha restringido el Código de Justicia Militar para que cualquier falta cometida por un soldado contra un civil se desahogue en la justicia ordinaria.

Mientras tanto, como parte de las actividades de la semana internacional del detenido desaparecido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el testimonio de Martha Alicia Camacho Loaiza, sobreviviente de desaparición forzada en agosto de 1977.

Tras relatar la manera en que fue llevada por las fuerzas de seguridad a la Novena Zona Militar, donde presenció la ejecución extrajudicial de su esposo, José Manuel Alapizco, y cómo recuperó la libertad y la de su hijo luego de dar a luz en cautiverio, la historiadora y académica lamentó que este crimen de lesa humanidad siga ocurriendo en la actualidad, desacreditando a las víctimas al afirmar, sin investigaciones de por medio, que son delincuentes.