La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el convenio firmado en 2007 por el Ejecutivo federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, en el que, por petición expresa del entonces gobernador jalisciense Emilio González Márquez, se amplió de 80 metros originales a 105 la cortina de la presa El Zapotillo, diferencia que provocaría la inundación del poblado de Temacapulín.

Al resolver la controversia constitucional 93/2012 presentada por el Congreso de Jalisco en contra del convenio, suscrito por las autoridades federales y estatales, que modificó el proyecto de construcción del acueducto El Zapotillo –que abarca la zona de Los Altos de Jalisco y León, Guanajuato– la corte dejó sin efectos también cualquier acto de autoridad que afecte los derechos de los jaliscienses sobre las reservas de aguas nacionales del Río Verde.

Dichos volúmenes de agua otorgados a Jalisco para uso doméstico y público urbano suman 372 millones 139 mil metros cúbicos de agua anuales y para actividades pecuarias son 12 millones 600 mil metros cúbicos anuales, como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997.

El 20 de julio de 2012, el cabildo de Cañadas de Obregón interpuso ante la SCJN la controversia constitucional por este mismo asunto, pero fue desechada.

Posteriormente, el Congreso de Jalisco impugnó el convenio de coordinación firmado por la Comisión Nacional del Agua y los estados involucrados, firmado el 16 de octubre de 2007, por el cual, a petición del entonces gobernador jalisciense Emilio González Márquez, el tamaño de la cortina de El Zapotillo se ampliaría de 80 metros originales a 105, diferencia que provocaría la inundación de Temacapulín.