Hermosillo, Son., 7 de agosto.

Funcionario del gobierno de Sonora y opositores al acueducto Independencia celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la operación de la obra hidráulica, pero por motivos diferentes.

El secretario de Gobierno, Roberto Romero López, y el director jurídico de la administración estatal, Carlos Espinoza Guerrero, señalaron que el sentido de la resolución de la corte reitera que estamos en lo correcto y que el acueducto sigue hasta ahora. Insistieron en que la SCJN ratificó la resolución previamente hecha, en la que ya se había determinado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debía reponer el estudio de impacto ambiental sin que por ello se detenga la operación de la obra.

En tanto, Espinoza Guerrero indicó que la primera sala de la Suprema Corte resolvió una aclaración de la sentencia del amparo en revisión 631/2012. Aproximadamente hace un mes, el máximo tribunal resolvió que debía darse la garantía de audiencia previa con relación al impacto ambiental aprobado por Semarnat en la obra acueducto Independencia; luego los opositores fueron a la primera sala a pedir una aclaración, querían que con ello se suspendiera la operación del acueducto, pero eso no ocurrió hoy.

Ambos funcionarios dijeron estar dispuestos a apoyar un desalojo de los participantes en el bloqueo carretero a la altura de la comunidad Vícam, en el municipio de Guaymas, de acuerdo con un convenio de colaboración entre las autoridades federales y estatales.

En tanto, Tomás Rojo Valencia, integrante de la tribu yaqui y participante en el bloqueo carretero, afirmó que queda muy claro que esta aclaración de la Suprema Corte es a nuestro favor, puesto que se declara inexistente el anterior estudio de impacto ambiental, por lo que si la obra no tiene ese documento, de acuerdo con las leyes de nuestro país no debe seguir operando.

Rojo Valencia dijo que una vez que se presentó la resolución de la SCJN, los yaquis esperan que la Semarnat cumpla cabalmente con sus obligaciones y ordene al gobierno estatal que apague las bombas de extracción de agua en la presa El Novillo, en el municipio de San Pedro de la Cueva, y dejar de enviar el líquido a la capital sonorense.

Seguiremos en el bloqueo carretero porque fue nuestra respuesta frente a la presión de la gestión de Guillermo Padrés para que el gobierno federal le permitiera seguir robando el agua de la tribu yaqui, y violar los ordenamientos de diversos tribunales que le decían que el transvase de agua era ilegal, como también lo fue la construcción del acueducto Independencia, dijo.