De cara al reinicio de las discusiones en el Senado sobre las reformas pendientes en materia de jurisdicción militar y desaparición forzada de personas, dicha instancia legislativa debe aprobar las modificaciones necesarias con base en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmaron diversos colectivos de derechos humanos.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones recordaron que el máximo tribunal del continente determinó que la legislación mexicana en materia de fuero militar contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por permitir que en ese ámbito se investiguen y procesen delitos que no lesionan primordialmente bienes jurídicos castrenses.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enfatizado que el artículo 57, fracción II, inciso a del Código de Justicia Militar es inconstitucional a partir del caso de la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua asesinado en un retén militar en Guerrero en 2009, pero cuyo análisis fue originalmente asignado a la justicia castrense.

‘‘A la luz de estos antecedentes es claro que la reforma del fuero militar es urgente’’, enfatizaron las organizaciones, quienes festejaron que la Comisión de Justicia del Senado haya hecho público en su página de Internet un proyecto de dictamen que ‘‘abre una nueva oportunidad para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano’’.

La mencionada propuesta, dijeron, constituye un avance muy significativo hacia el cumplimiento de los estándares internacionales respecto de la restricción del fuero militar en casos que involucren a civiles o que se relacionen con violaciones a derechos humanos. Sin embargo, todavía quedan aspectos relevantes que no se contemplan en el proyecto de dictamen.