i hablar! Tiene razón Adrián Lajous. El futuro nos alcanzó. Sí, Adrián ofrece una interesante caracterización del cambio en el mundo energético donde –sorprendámonos– resalta Estados Unidos, que vuelve a ser potencia petrolera y –sorprendámonos más– ha adquirido una fuerza impresionante en gas natural, que le permite pagarlo a menos de la mitad de los europeos y menos de la tercera parte de coreanos y japoneses. ¿Ejemplo a seguir? ¡No lo creo! Pero Lajous también resalta nuestro debilitamiento petrolero crónico. Vivimos una producción declinante o, en el mejor de los casos, estancada. Asimismo –añade– una necesidad de importaciones crecientes de gasolinas y diesel. Pero también –concluye– de importaciones también crecientes de gas natural, ya casi la mitad de la producción nacional de gas seco.
Hay buenos documentos oficiales que permiten complementar bien el diagnóstico. Necesario –sin duda– para una buena reforma energética en la que –adivinemos– se ofrecerán elementos tanto para modificar la Constitución como para no hacerlo. Orientar la discusión sobre la reforma energética al dilema sobre cambiar o no cambiar la Constitución va a llevar a un callejón sin salida. Muchos quieren el cambio constitucional. Muchos no lo queremos. Argumentos en favor del cambio saltarán –una vez más– al debate. De inicio con esa burda caricatura de que sólo México y Corea del Norte no han cambiado su constitución. Para seguir con el dogma de que sólo la libre competencia garantiza la eficiencia, el cambio técnico y el desarrollo de las facultades productivas del trabajo. Y concluir con los ejemplos de Arabia Saudita y Noruega. Incluso con el que algunos llaman nuevo paradigma petrolero
, es decir, Brasil. Sería muy interesante –lo digo muy en serio– saber qué piensa hoy Juan José Suárez Coppel de la conveniencia o aun la necesidad de un cambio constitucional en este proceso de reforma energética que estamos a punto de iniciar. De la posibilidad de hacer de Pemex –¡vaya que el mismísimo Bernardo Minkow lo señala!– una empresa de Estado, que opera en un monopolio, pero que es capaz de ser rentable y eficaz por sí misma, no por la renta petrolera, me permito completar. Igualmente interesante sería conocer la opinión de Jesús Reyes-Heroles González-Garza. Similarmente lo que a este respecto piensa hoy Luis Ramírez Corso. Incluso la opinión –también lo digo muy en serio– de Raúl Muñoz Leos. Y, al menos una más y de suma importancia, la de Adrián Lajous. También sería interesante escuchar a Carlos Ruiz Sacristán y a Francisco Rojas. ¿Por qué el Senado no se las solicita, como acaso lo hizo con algunas personas significativas de lo que podríamos llamar mundo del petróleo
en ocasión de la reforma de 2008? ¿No sería útil conocer la opinión de algunos de los que han sido directivos de Petrobras o del ministerio de Energía en Brasil? ¿Saber qué piensan personeros de gran respeto de la empresa Statoil de Noruega y, sin duda, del ministerio de Energía de ese admirado país? ¿Y los correspondientes de la mágica Arabia Saudita? ¿Y el caso –tan interesante por lo demás– de Francia, especialmente en el caso eléctrico? Y así podríamos hacer una larga lista donde, sin duda, donde no debieran faltar algunos académicos mexicanos como Fabio Barbosa, Ángel de la Vega y Juan Carlos Boué –el estudioso exhaustivo de la renta petrolera– y que han dedicado su vida –sí, su vida– a estudiar nuestra industria energética. O extranjeros como Robert Mabro o, incluso, Bernard Mommer –el respetado investigador de las siete nacionalidades. ¡Y qué decir de la necesidad de una seria y cuidadosa consulta a la ciudadanía en nuestro país!
He leído con el mayor cuidado posible el expediente de cinco ensayos preparados por Nexos. Hay que leerlos. Incluso una y otra vez. Me refiero –por orden de exposición a los de Adrián Lajous, Juan Carlos Boué, John Scott, Bernardo Minkow y Manuel Rodríguez Woog. A más del ensayo de presentación. Asimismo, la propuesta cuidadosa que ha hecho en estos días el ingeniero Cárdenas, siempre tan atento e interesado –de casta le viene al galgo– en entender y proponer una salida a nuestra vida petrolera que no renuncie a los principios constitucionales de la propiedad y el manejo integral de nuestros hidrocarburos. Y concluyo que el debate apenas empieza. Y que hay mucha, pero mucha… mucha… mucha… ideología por ahí. Es legítimo –¡quién lo niega, por favor!– que haya no sólo opiniones divergentes y concepciones divergentes, sino –todavía más– intereses personales y de grupo divergentes. E, implícitamente, concepciones teóricas no sólo divergentes, sino enfrentadas. Pero no se vale presumir la falsa objetividad. Por mi parte desde hace varios años he tratado de presentar en este espacio de La Jornada mi concepción sobre los excedentes petroleros y sus diversos componentes: renta diferencia, renta absoluta, renta de monopolio, sobreprecios circunstanciales. Y ligar esta concepción a la tesis sobre la necesidad de sostener los principios constitucionales de propiedad y control nacionales de los recursos naturales –hidrocarburos, sin duda– y manejo integral de la industria, a través de organismos de Estado.
He defendido –a pesar de vicios y corrupciones– la necesidad de mantener ese poder social que representa la propiedad y el control nacionales de los recursos naturales. Esto me condujo a observar la necesidad urgente –debo confesar que lo planteé públicamente, al menos, desde 1986, es decir, hace casi 27 años– de una reforma fiscal de fondo que liberara excedentes petroleros para el fortalecimiento productivo de mediano y largo plazo no sólo de Pemex, sino de nuestra industria energética en pleno. ¡Por eso admiré y suscribí el Programa de Energía de 1980! E insistí desde entonces en evitar el manejo discrecional, dispendioso, absurdo y, finalmente, vergonzoso –como de hecho sucedió– de la mayor parte de esos excedentes petroleros. De 1978 a la fecha suman –no me lo va a creer usted– prácticamente el valor monetario actual del PIB anual de nuestro país. Ah, y por cierto, los gobiernos del PAN –de triste comportamiento– recibieron 63 por ciento de estos excedentes, solamente en 12 años. Y los del PRI –que tampoco admiro, por cierto– el 47 por ciento restante, en 24 años. ¿Cómo la ve usted? No se vale. ¿Verdad? De veras.
