n reporte interno del Instituto Nacional de Migración (INM), al que tuvo acceso La Jornada, califica como alarmante
el nivel de violencia que padecen los ciudadanos extranjeros que transitan por el territorio sin contar con documentos migratorios, y señala que su integridad se ve recurrentemente amenazada por agresiones criminales perpetradas por grupos delictivos (asaltos, secuestros, violaciones, torturas, asesinatos).
Sin restar gravedad a los señalamientos formulados por el INM en el citado documento, debe señalarse que el accionar de los grupos delictivos no es, ni mucho menos, la única amenaza que enfrentan los migrantes indocumentados que transitan por nuestro país: debe agregarse la recurrente violación de los derechos de ese sector como consecuencia de acciones u omisiones de las propias autoridades, así como las relaciones de complicidad establecidas entre éstas y los delincuentes.
Es obligado traer a colación las denuncias formuladas en su momento por el sacerdote Alejandro Solalinde, en el sentido de que agentes de la Policía Federal y de fuerzas estatales y municipales han estado involucrados en el secuestro de extranjeros e incluso de migrantes nacionales en el país. El propio INM ha tenido que admitir, en el pasado reciente, la participación de algunos malos funcionarios suyos en episodios de atropello en contra de migrantes indocumentados, y resulta inevitable sospechar que los integrantes de ese instituto que han sido denunciados públicamente son sólo la punta del iceberg de una descomposición institucional mucho más amplia, que difícilmente pudo haber desaparecido en forma automática con el cambio de administración federal.
Es positivo, sin duda, que las autoridades migratorias actuales reconozcan la gravedad de un problema que ha venido siendo sistemáticamente desatendido por los últimos gobiernos, pero eso no es suficiente. Para resolver el deterioro actual en la seguridad de los migrantes –y de la población en general–, a la par de de las acciones en contra de las organizaciones delictivas que atentan contra ellos, se requiere la voluntad oficial de hacer cumplir los derechos humanos y las garantías constitucionales de que gozan todas las personas en el territorio nacional, con independencia de su origen y condición migratoria; de procesos de depuración y moralización de las oficinas públicas y, en su caso, de las sanciones administrativas o penales correspondientes que pongan fin a la corrupción y a la extrema discrecionalidad con la que operan los altos funcionarios públicos, particularmente los del área migratoria.
La catastrófica situación que enfrentan los indocumentados en México no sólo resta valor moral a los reclamos de las autoridades nacionales por la circunstancia análoga que viven miles de mexicanos en Estados Unidos, sino que constituye un indicador contundente del descontrol y el desgobierno en nuestro país a escala generalizada, que se agudiza en los eslabones más indefensos del conglomerado humano que reside en su territorio o que transita por él, entre los que se encuentran los indígenas, las mujeres, los menores, las minorías religiosas y sexuales, los discapacitados, los adultos mayores, los presos y, desde luego, los extranjeros indocumentados.
