Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de junio.

Un juez de Chiapas, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, decidió deshacerse arbitrariamente de la responsabilidad de resolver el caso de Miguel Demeza Jiménez, preso adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona de San Sebastián Bachajón, encarcelado en El Amate. El juez prefirió turnarlo a un tribunal regional en Jalapa, Veracruz, informó la defensa del indígena.

En opinión del abogado Ricardo Lagunes Gasca, la maniobra “puede ser considerada una represalia por la visibilización pública que se hizo a través de las notas publicadas por La Jornada el 13 de junio y de los comunicados de solidaridad del 18 de junio emitidos por colectivos que exigen la libertad de Demeza Jiménez”.

Esto, agrega, permite asegurar que los encargados de la procuración e impartición de justicia en Chiapas no están preparados para que sus actos y decisiones sean valoradas públicamente, ya que prefieren conservar el anonimato de sus actuaciones, en total contravención a una postura democrática y a las reformas constitucionales de 2008 y 2011.

Este miércoles 26, la defensa del reo tzeltal acudió al juzgado quinto de distrito en Tuxtla Gutiérrez, para dar seguimiento al amparo 1478/2012, respecto del cual se celebró la audiencia constitucional el pasado 18 de junio de 2013 por el juez Morcillo Moguel.

El defensor de Demeza Jiménez fue informado verbalmente por el secretario proyectista Martín Alfonso Martínez Molina de que el 20 de junio el asunto fue enviado al juzgado primero de distrito del centro auxiliar de la cuarta región con sede en Jalapa. Dicha determinación señaló que no se notifica a los quejosos y que se toma unilateralmente para el desahogo de los asuntos.

Todo esto, no obstante que el día de la audiencia constitucional, el juez Morcillo Moguel, en presencia del secretario proyectista Martínez Molina, indicó que estudiarían con detenimiento el asunto para su resolución a la brevedad posible, abunda el defensor, cuando repentinamente dos días después deciden deshacerse arbitrariamente de la responsabilidad de resolver el caso.

El cambio de órgano jurisdiccional para la resolución del amparo representa una violación más a sus derechos humanos de tener un juicio justo y el acceso a una justicia independiente, imparcial, pronta y expedita que resuelva sobre la inconstitucionalidad de su detención, derivada de una acusación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, construida en elementos de prueba ilícitos y violatorios a sus derechos humanos.

Lagunes Gasca adelanta que en los próximos días acudirá al centro auxiliar en Jalapa para dar seguimiento al caso.

De los otros dos presos de la Sexta también pobladores de San Sebastián Bachajón, además de Demeza Jiménez, esta semana salió libre en Ocosingo Miguel Vázquez Guzmán, y sigue encarcelado Antonio Estrada Estrada en Playas de Catazajá. Son casos similares de aplicación arbitraria e infundada de la justicia. En los tres casos hay evidencias de que se trató de cargos fabricados como represalia política por la resistencia de los indígenas en su región.