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Ver día anteriorDomingo 23 de junio de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Reforma energética: la propuesta gubernamental
N

i hablar. Juan Montes levantó su reporte. Y lo levantó muy bien. Y con él una oleada de reacciones que –sin duda– había sido considerada por los asesores presidenciales. Sí, con toda seguridad, aprobaron o, incluso, promovieron la entrevista. ¿Les falló? No, claro que no. Acertaron. Querían ver las reacciones. ¡Hasta el carnal Marcelo apareció! Pues bien. Las reacciones ya están ahí. Acertaron los estrategas gubernamentales con la entrevista de tres altos funcionarios con el Wall Street Journal (WSJ). ¿Qué se asegura en la entrevista? Que el presidente Peña Nieto está decidido a romper el tabú de casi 80 años, justamente desde la expropiación, que impide que la industria estatal de petróleo y de gas no sólo viva en un régimen de competencia sino –aún más– que se abra a la inversión privada, nacional y extranjera.

El rompimiento del tabú –aseguran a Montes– permitirá que a México arriben miles de millones de dólares de inversión. Es el decir de esos funcionarios de alto nivel al periodista del WSJ. Incluso le dieron detalles de la propuesta gubernamental: cambiar algunos artículos de la Constitución. ¿Cuáles? Pues 27, 25 y 28, digo yo. Para modificar conceptos como propiedad de la Nación, exclusividad de la Nación, sectores estratégicos, organismos públicos para los sectores estratégicos, entre otros. Y adelantan cierto éxito. Ya tienen al PAN y al PRD discutiendo eso en el Pacto. Acaso por eso, estos mismos tres funcionarios –se subraya en el WSJ– expresaron su optimismo respecto de la respuesta de uno de los dos partidos de oposición (el PRD, podríamos asegurar), del que esperan cambios a la propuesta del Ejecutivo, que no alteren el sentido de lo que se busca: inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. No es difícil saber quiénes fueron esos tres funcionariosl (…according to three high-level government and ruling party officials who gave details of the proposed reform for the first time, se dice en el WSJ). De veras que no. Pero eso no importa. Si lo pensamos bien, fue una de esas acciones planeadas para medir reacciones. Y, sin embargo, eso sí hay que hacerlo notar, esos detalles no coindicen –es obvio y natural– con lo que horas después del reportaje de Juan Montes, asegurara el presidente Peña Nieto. Eso ha sucedido antes. Sucedió ahora. Y seguirá sucediendo.

La neta de la propuesta gubernamental la ofrece el reportaje del WSJ. ¡Creo que sí! En él se asegura que el Presidente impulsa reformas que permitan a firmas privadas compartir riesgos en el desarrollo de reservas complejas, tales como las de aguas profundas o reservas de gas de lutitas (gas shale). Permitirles, asimismo, producir petróleo y gas natural a través de contratos compartidos y joint ventures con el monopolio estatal Pemex. Más todavía.

Las negociaciones con los partidos políticos –los del Pacto por México, se puede colegir– empezarán después de las elecciones del próximo 7 de julio. Y en ellas, hay un punto crucial que promueve Peña Nieto: permitir capital privado –en el mejor de los casos asociado a Pemex– en exploración y explotación de aguas profundas y de ese gas de lutitas. En cambio, se dejaría a Pemex la exclusividad en aguas superficiales y en yacimientos tierra adentro. Se trata –asegura uno de los personeros gubernamentales de alto nivel, miembro de la Secretaría de Energía, según cita el reportero del WSJ– de dar certidumbre legal a los inversionistas y que haya claridad en la Constitución en torno a las formas permitidas de participación del capital privado. Hoy –eso es cierto– no hay formas permitidas. A pesar de tener décadas de contratos con empresas como Schulmberger (www.slb.com), Halliburton (www.halliburton.com), Repsol (www.repsol.com), Weatherford (www.weatherford.com), Baker Hughes (www.bakerhughes), entre otras. Y, sin embargo, todavía hoy el petróleo es de la Nación (ni siquiera del Estado o del Gobierno) y los excedentes petroleros –renta petrolera o de cualquier otro tipo– pertenecen a la Nación.

Aclaran, por cierto, que las compañías que participarían en ese tipo de asociación con Pemex –en aguas profundas o en gas de lutitas– no recibirían ni petróleo ni gas natural como pago por su participación, sino una remuneración –parecen sugerir, digo yo– que se movería con el precio de mercado de crudo y del gas natural. ¿Por qué indexar servicios? Curioso ¿no? A decir del reportero del WSJ, la propuesta gubernamental se completa con dos elementos más: 1) creación de un fondo petrolero que administraría los excedentes, de los cuales el gobierno –según lo acordara el Congreso– tomaría una parte (70 por ciento, se dice); 2) apertura en refinación que –me permito añadir un poco– pudiera ser con competencia abierta, es decir, con refinerías y gasolineras de firmas privadas o, alternativamente –como ya sucede en electricidad– con productores independientes de refinados que entregarían gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado del petróleo y demás refinados a un Pemex que conservaría el monopolio de ventas de primera mano.

Algo más en línea con estas propuestas develadas por los altos personeros gubernamentales –me permito añadir– sería la plena apertura de la petroquímica, ya sin distingos entre primaria y secundaria. ¿Qué rumbo va a tomar la llamada reforma energética? No lo sabemos todavía. Dudo mucho de la apertura en producción primaria. Al menos indiscriminada. Sería no sólo un contrasentido, sino una tontería. Si no hay recursos –como se dice– para que Pemex invierta y se fortalezca (estoy hablando solamente de producción primaria), ¿cómo explicar el enorme alud –si alud– de fondos que el gobierno recibió, recibe y seguirá recibiendo de la explotación de crudo y gas natural, a pesar –incluso– del debilitamiento productivo y el agotamiento de Cantarell? Recordemos. Tasa fiscal (básicamente IVA e ISR) de las más bajas del mundo en México. No más de 10 u 11 por ciento en la historia petrolera de México. ¿Qué explica que los altos personeros gubernamentales deseen –¿de veras lo desean?– compartir excedentes petroleros, cuando se trata de un soporte fiscal fundamental que da un gran poder –enorme, de verdad– al gobierno en turno? ¡No me creo ese tipo de irracionalidad! De veras que no. Ya veremos cómo se desenreda la madeja. Ya lo veremos.