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Puede perderse oportunidad histórica, advierte la CNTE

Foro critica perfil autoritario y rígido de la reforma educativa
Enviada
Periódico La Jornada
Martes 11 de junio de 2013, p. 16

Tuxtla Gutiérrez, Chis.,10 de junio.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que una reforma educativa que se aprobó en tan sólo 11 días, sin un diagnóstico ni la participación de los maestros no puede considerarse democrática. Autoritaria en su origen, apuntaron, no tiene propuesta pedagógica ni está orientada a una organización escolar participativa.

Durante los trabajos del cuarto Foro Regional sobre la Reforma Educativa, donde exigieron que el gobierno federal escuche con atención nuestras propuestas, señalaron que a juzgar por los proyectos de iniciativa de leyes reglamentarias que se han difundido, dibuja un perfil autoritario, restrictivo y rígido del proceso educativo.

Reunidos en el Centro de Convenciones Polifórum, al que asistieron cerca de 2 mil maestros disidentes, de los cuales casi 900 fueron delegados de todas las regiones de la entidad, advirtieron que la oportunidad histórica de sacar adelante un proyecto educativo que realmente transforme al país, se puede perder porque el gobierno federal y estatal sigue apostando a escuchar, sin hacerlo realmente.

Luego que Gregorio Hernández Grijalva, coordinador de asesores de la subsecretaría de Educación Básica en el estado, suspendiera su ponencia ante una rechifla generalizada de los docentes al intentar defender la reforma educativa, Adelfo Alejandro Gómez, secretario general del magisterio disidente de la sección 7 de Chiapas, señaló que pese a la voluntad política de la CNTE para impulsar un diálogo queda demostrado que las autoridades del país no quieren escuchar. Y si el Estado mexicano no aprovecha esta disposición de los maestros se va a perder una gran oportunidad.

Es evidente, dijo, que con la ausencia de las autoridades en los foros regionales dejan en evidencia que quienes no tienen propuesta educativa son ellos, porque si nos escucharán con mucha atención se daría la posibilidad de construir un buen proyecto que transforme el modelo educativo del país, pero con las señales que han enviado pareciera que no hay esa disposición.

Y advirtió que utilizar la evaluación con un carácter punitivo, esteriliza el proceso educativo, se infunde el temor, es decir, el maestro no estará preocupado por la formación de los niños y jóvenes, sino porque no lo sancionen ni lo despidan. Y una fuerza de trabajo atemorizada cancelada la productividad.

Abrogación o moratoria

Al respecto, Luis Hernández Navarro, periodista y coordinador de opinión de La Jornada, enfatizó en su ponencia que la reforma educativa es en realidad una contrarreforma que debe ser derogada, o en su caso, aplicar una moratoria para que no se aplique, hasta en tanto llevar a cabo una debate nacional sobre el proyecto educativo.

Enfatizó que decidir sobre los mecanismos de ingreso, selección, permanencia y promoción en la carrera docente, es una responsabilidad en la que deben participar los maestros, quienes nunca se han negado a una evaluación, lo que se rechaza es que sea estandarizada y se busque con ella decidir quien puede o no ser profesor.

En el foro, cuyo relator nacional fue nuevamente el académico e investigador, Gilberto López y Rivas, profesores de educación indígena demandaron la cancelación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace)por considerarla una evaluación discriminatoria, porque no considera el derecho de los niños indígenas a ser formados en su lengua materna.

Es el caso, dijo José Antonio Girón, de la Red Incidencia Civil en la Educación, de dos escuelas. Una en el municipio de Las Margaritas, y otra en Huixtlán, donde padres de familia solicitaron el amparo de jueces federales para evirtar su aplicación.

Al encuentro también acudió, Rubén Núñez Ginez, secretario general de la sección 22 de Oaxaca; las diputadas Magdalena Torres, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso estatal; y Arelí Martí, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y Celestino Alonso Álvarez, representante de la zona Sur-Sureste de la Secretaría de Gobernación.