La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México urgió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a presentar, en el corto plazo, una iniciativa de ley en materia de desapariciones forzadas, y al Poder Legislativo le pidió que una vez que reciba esa propuesta para crear una ley especial, la apruebe con extrema urgencia.

Jesús Peña, representante de la oficina, sostuvo este lunes que frente al lacerante fenómeno de la desaparición forzada, aún se precisa una respuesta legislativa integral, en los términos recomendados por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la materia.

Al participar en un foro sobre derechos humanos efectuado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Peña refirió que entre los principales pendientes está la legislación secundaria de las reformas constitucionales en derechos humanos y de justicia penal.

De su lado, Mariana Benítez, subprocuradora Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, anunció que en octubre próximo, la Organización de Naciones Unidas evaluará al gobierno mexicano en materia de derechos humanos, mediante el denominado Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU).

Esta será la segunda ocasión que México participe de esta herramienta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después del ejercicio practicado en febrero de 2009.

El MEPU es aplicado en cada uno de los 193 estados miembros de la organización.

Se trata de un instrumento de evaluación del cumplimiento de cada estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

La subprocuradora de la PGR aseguró que la convicción (del gobierno federal) es que los derechos humanos son el eje rector de la actuación del Estado. No podemos ser complacientes con nosotros mismos y quedarnos hasta ahí; hay muchos retos en esta materia, incluyendo también los del ámbito legislativo.

El reto más importante está en que estos principios, estas normas de derechos fundamentales plasmados en la Constitución sean letra viva, estén vigentes y sean reales para todas las personas que viven, habitan o transitan este país.

Los objetivos del MEPU son: propiciar el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en los países.

También pretende fomentar el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado, y evaluar los avances y los retos en la materia, fortalecer la capacidad de los estados y la asistencia técnica, intercambiar mejores prácticas, así como fomentar la plena cooperación entre los estados, el consejo, la oficina del alto comisionado y otros órganos de derechos humanos.