a conmemoración del cuarto aniversario del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, evento en el cual murieron 49 niños y decenas más resultaron heridos, coincide en el tiempo con el anuncio de que la Procuraduría General de la República ha reabierto los expedientes del caso y reanudado las pesquisas correspondientes. Ayer, en entrevista con este diario, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, advirtió que en el contexto de la nueva averiguación se atenderán todas las líneas de investigación disponibles, incluidas las que sugieren que el incendio en la estancia infantil –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– fue provocado con el fin de destruir evidencias –de un local contiguo– sobre presuntos manejos irregulares de recursos públicos por la pasada administración estatal.
Tales declaraciones ocurren con el telón de fondo de inconformidad de la opinión pública nacional ante el desempeño errático, tardío e improcedente de las autoridades ejecutivas y judiciales encargadas de conducir las investigaciones sobre el caso y de sancionar a los responsables. Durante los 48 meses transcurridos desde la tragedia, y salvo el encarcelamiento de una decena de funcionarios menores, las autoridades han sido omisas en hacer justicia; han mostrado una actitud renuente a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares de miembros del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del ex titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo propio con funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, el ex director del IMSS sobre quien recae, cuando menos, una inocultable responsabilidad política por la tragedia, como han manifestado los padres de las niñas y niños muertos y como quedó documentado en un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después anulado por la mayoría de los miembros del máximo tribunal.
Mucho más preocupante resulta ahora la advertencia de que las autoridades ministeriales actuales no descartarán ninguna línea de investigación, en la medida en que ello sugiere que la pasada administración federal soslayó deliberadamente una o varias de esas líneas, y que su manifiesta voluntad de encubrimiento pudo ser mucho peor de lo que se imaginaba.
Ante la posibilidad de que la tragedia ocurrida en la estancia infantil haya sido resultado de algo mucho más grave que las negligencias y omisiones de los propietarios de la guardería, de las autoridades locales y del propio IMSS, el anuncio de la reapertura de las investigaciones es un hecho sin duda positivo. Pero es perentorio que tales pesquisas no se limiten a esclarecer las causas de los hechos y a deslindar las responsabilidades de funcionarios públicos y de los propietarios de la guardería; se debe también investigar, y en su caso sancionar, el posible encubrimiento de unos y otros por autoridades de distintos niveles de gobierno. De otra manera, persistirá la negación de justicia que han padecido los deudos de las víctimas durante estos cuatro años, y quedará confirmado que la ilegalidad, en el mejor de los casos, sólo es combatida en sus estamentos más débiles.
