Las agrupaciones rurales del Frente Amplio Campesino (FAC) elaboraron una propuesta de 13 puntos para presentarla al gobierno federal en el contexto del Pacto por México, que tiene como finalidad crear un acuerdo para rescatar al campo de la situación actual de dependencia, desempleo, migración, pobreza y desigualdad.

En el escrito de 22 hojas las siete organizaciones campesinas que integran el FAC exponen la necesidad de una reasignación y reordenamiento del presupuesto para el campo, de construir redes de abasto, de distribución y comercialización para acabar con el intermediarismo, que encarece en alrededor de 30 por ciento los productos y establecer una banca rural que detone el desarrollo y dé crédito accesible, entre otros aspectos.

También resaltan la necesidad de elaborar un programa nacional alimentario y que en ese contexto el Ejecutivo despliegue una cruzada nacional por la producción de alimentos, en el cual el eje central sea la agricultura familiar, los pequeños productores y los pueblos y comunidades indígenas a través de la incorporación de las pequeñas unidades de producción que oscilen entre una y 20 hectáreas.

El FAC está conformado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), el Barzón, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Central Campesina Cardenista (CCC).

En el escrito indican que el modelo neoliberal impuesto desde principios de los años 80 sólo se ha traducido en desigualdad, tanto paras las ciudadades como para el campo y ha propiciado la pérdida de la autosuficiencia y soberanía alimentaria del país.

En lo económico hacen hincapié en el establecimiento de un sistema nacional de financiamiento rural múltiple en modalidades de banca de desarrollo y banca social y que éstas posean instrumentos, mecanismos financieros y agentes que permitan a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales acceder a recursos crediticios oportunos y accesibles.

En este aspecto remarcan la urgencia de que ese sistema financiero combata la usura desmesurada y el agiotismo que actualmente existen en el sector agroalimentario.

Las organizaciones campesinas indican se requiere el fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, pesqueras y forestales, priorizando las de contenido nacional y de agregación de valor a la producción primaria en las mismas localidades, regiones rurales y que sean asequibles a los productores primarios.

Subrayan que la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental deben ser los ejes rectores de toda la política de combate a la pobreza y que se tiene que tener como objetivo garantizar la producción y el abasto de productos básicos para el consumo, tomando como base lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.