San Luis Potosí, SLP, 4 de mayo.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, informó que 10 personas, entre custodios, personal administrativo y funcionarios del penal de La Pila, fueron consignados por su relación con la riña ocurrida ahí el pasado 27 de abril, con saldo de 12 internos muertos y 65 heridos.

García Covarrubias detalló que el Ministerio Público ha tomado las declaraciones de aproximadamente 40 custodios, personal administrativo y directivos, además de 23 internos que resultaron lesionados en la riña.

El funcionario estatal no dio los nombres ni los cargos de las 10 personas que ya fueron consignadas, ni tampoco los juzgados penales a los cuales fueron enviados. A los internos que tomaron parte en la riña colectiva ya se les abrió un nuevo proceso penal.

Reubican a internos

Para despresurizar el llamado Centro de Prevención y Readaptación Social, esta semana las autoridades carcelarias trasladaron 60 reos –incluyendo a dos menores de edad– del penal de esta capital a las cárceles de Ciudad Valles, Xolol, Tancanhuitz y Tamazunchale.

Ayer viernes, un convoy de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional custodiaron dos autobuses que partieron hacia esas prisiones.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno del estado investigar lo que ocurrió en el penal La Pila el 27 de abril. En un comunicado señala que los estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas las muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.

La CIDH reitera que los estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles. El debido control de las autoridades del orden interno es esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, agrega.

En un comunicado, el gobierno del estado prometió atender la petición de la CIDH de investigar y actuar. La finalidad es encontrar la verdad histórica, dijo, y se comprometió a brindar atención sicológica, social y médica a los familiares de las víctimas.

Finalmente, dijo que ya se atendieron las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en octubre de 2012 sobre los riesgos que imperaban en el reclusorio.