San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril.

Los primeros 20 indígenas acusados de la masacre de Acteal liberados en agosto de 2009, como resultado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidieron a las autoridades estatales que agilicen la instalación de los servicios de agua potable y energía eléctrica en las viviendas que les construyó el pasado gobierno, con la condición de que no regresen a sus comunidades en el municipio de Chenalhó.

Ya tenemos el terreno y la construcción de las casas terminó en diciembre pasado, pero va muy lenta la instalación del agua y la luz, y queremos reubicarnos para empezar a sembrar los cultivos y empezar la nueva vida, dijo en entrevista en Tuxtla Gutiérrez, Lorenzo Ruiz, en nombre de sus compañeros.

Con el propósito de evitar que los liberados por la masacre de 45 indígenas ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal regresaran a sus comunidades de origen y prevenir confrontaciones con los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el gobierno anterior los convenció de vivir en otros municipios, para lo cual compró terrenos y edificó viviendas.

Ruiz dijo que debido a que las viviendas edificadas en el municipio de Berriozabal carecen de servicios, habitan en una casa que las autoridades estatales rentan en la capital del estado y se dedican a vender chicles en las calles o a asear calzado; sus hijos no van a la escuela.

También solicitó al gobierno que se incremente el apoyo de mil 500 pesos semanales para alimentación.