Oaxaca

Los derechos de los pueblos
y la minería

Marcos Leyva
Servicios para una Educación Alternativa AC-EDUCA/ Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios / Rema / M4

Oaxaca es uno de los estados de México con mayor riqueza de diversidad biológica. Cuenta con gran variedad de ecosistemas, como selvas húmedas y secas, bosques templados y de niebla y manglares, además de yacimientos de minerales, cuencas de agua, viento, etcétera.

Tres cuartas partes de esta biodiversidad está en tierras de pueblos y comunidades indígenas: 72 por ciento del territorio del estado es propiedad comunal y ejidal, es decir colectiva. Y hoy el gran capital trasnacional está al acecho de este territorio.

Con el argumento que Oaxaca es de los estados más pobres y marginados, la iniciativa privada internacional y nacional, junto con los tres niveles de gobierno, promueven “inversiones” para poder “detonar” el “desarrollo”. Una evidencia es que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempla inversiones públicas y privadas para impulsar el Plan Territorial de las Infraestructuras de Oaxaca, mejor conocido como Proyecto Platino, que implica 13 proyectos de alto impacto.

En este contexto, el gobierno estatal ha privilegiado a la minería como el motor del desarrollo económico, a pesar de que la actividad sólo aporta 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal; con ello privilegia claramente al capital privado nacional y extranjero, ya que 80 por ciento de las empresas en el estado son privadas.

FOTOS: Archivo

El Plan Estatal de Desarrollo tiene entre sus principales objetivos “la promoción del desarrollo sustentable de la minería con la participación de instituciones y empresas que generen proyectos de mediana y gran escala (…) para convertir a la minería en un sector estratégico para el desarrollo económico de la entidad”.

Datos del Servicio Geológico Mexicano señalan que entre enero de 2002 y junio de 2011 se entregaron 344 títulos de concesión minera, con una superficie de 742 mil 791 hectáreas, esto es 7.78 por ciento del territorio estatal. Las concesiones están distribuidas en las ocho regiones y benefician principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadounidenses.

El desarrollo basado en el modelo extractivista en Oaxaca ha tenido costos altos para las comunidades y pueblos, por la violación de sus derechos colectivos, consagrados en leyes nacionales e internacionales.

Según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, “Las industrias extractivas, tales como la extracción de minerales, petróleo y gas, han demostrado ser especialmente problemáticas y continúan teniendo efectos desproporcionados sobre los pueblos indígenas. En particular los megaproyectos (tales como la minería, el petróleo, la extracción de minerales, petróleo, gas y madera, las plantaciones de monocultivo y las represas) generan graves problemas para los derechos indígenas. Las repercusiones de tales proyectos incluyen daños ambientales a las tierras tradicionales, además de la pérdida de cultura, conocimientos tradicionales y modos de vida, lo que a menudo tiene como resultado conflictos y desplazamiento forzado, una mayor marginación, aumento de la pobreza, y una declinación en la salud de los pueblos indígenas”.

El diagnóstico “Agresiones a defensores y defensoras comunitarias”, realizado por Servicios para una Educación Alternativa ( EDUCA) en el 2012, dice:

“En Oaxaca se modernizó el autoritarismo, a su vez se hicieron más sofisticados los métodos de violaciones a los derechos humanos. En el pasado eran los viejos caciques de ‘horca y cuchillo’ quienes consideraban que podían mandar en la vida de las personas. Ahora son las empresas e inversionistas quienes afectan los entornos sociales, económicos y culturales al explotar minerales, construir carreteras, generar energía eólica, desarrollar unidades habitacionales, sembrar transgénicos, en muchos casos, con total apoyo de los gobiernos municipal, estatal o federal (…)”

El diagnostico arroja un dato importante: que en 320 días se registraron 120 actos de violencia contra defensoras y defensores, es decir uno cada tres días. Esto demuestra el alto grado de indefensión que sufren los defensores ante el poder y la violencia de las trasnacionales, que muchas veces tienen la protección de los gobiernos de los tres niveles.

La defensa del territorio en Oaxaca implica un riesgo mayúsculo, por el escaso marco legal de protección a los derechos colectivos y al derecho de defender de las y los defensores comunitarios; sin embargo, en la Sierra Norte, Mixteca, Sierra Sur, Valles Centrales e Istmo han iniciado el camino de la defensa del agua, de la tierra, del maíz, del viento, etcétera. Hoy en Oaxaca se libra una batalla entre dos formas distintas de entender y relacionarnos con la naturaleza y de concebir el desarrollo, cómo tenemos que crecer y qué es la calidad de vida.

Desde la cosmovisión indígena el agua es la sangre de la madre tierra, los minerales sus entrañas, y nosotras y nosotros sus hijos encargados de amarla y protegerla.

Oaxaca La leyenda de El Catrín no a la extracción de oro y plata, sí a la vida FOTO: Tomada del blog No a la Mina Salvador Aquino Centeno En 2006, después de un intenso debate comunitario, la comunidad de Capulalpam, en Oaxaca, decidió decir “alto” a la explotación de oro y plata en su territorio, misma que había iniciado a fines del siglo XVIII. Esta decisión ha despertado inquietud en funcionarios de todo rango para quienes resulta normal esa actividad, como quehacer de empresas mineras a las que el gobierno debe apoyar. Para los funcionarios, la propuesta de Capulalpam es extraordinaria y provocadora. Para la comunidad sólo confirma sus derechos en una nueva relación con el Estado y con el sustrato natural que ha construido durante varias décadas. La propuesta de Capulalpam es extraordinaria porque toca la piedra angular en que se ha sustentado el Estado mexicano moderno en términos de lo que la Constitución llama el derecho originario de la nación para otorgar a particulares los recursos del subsuelo, y provocadora porque trastoca uno de los pilares de la reproducción del capital: la explotación de recursos naturales y fuerza de trabajo en especial en regiones indígenas históricamente empobrecidas y devastadas por la sobreexplotación de mano de obra y del subsuelo. En el caso de Capulalpam la explotación afectó a varias generaciones de mineros que vendieron su fuerza de trabajo en condiciones precarias e implicó la devastación del sustrato social y natural. La extracción de oro y plata ha derivado en marginalización y, como contraparte, en el enriquecimiento de unos cuantos. La propuesta de Capulalpam sienta un precedente en cuanto a modificar la relación de subordinación de pueblos indígenas a los intereses de particulares –léase empresas económica y políticamente poderosas dedicadas al exterminio de recursos. Son empresas poderosas porque cuentan no sólo con los recursos técnicos y financieros para devastar el sustrato natural, sino también con un amplio entramado legal (reformas constitucionales encaminadas a promover la explotación; ley minera a su servicio; concesiones mineras de largo plazo; acceso ilimitado al agua, y cómodo acceso a estudios de impacto ambiental, o sea permisos para devastar el ambiente); con un accesible marco laboral para explotar fuerza de trabajo en condiciones precarias, y con un amplio soporte institucional, que incluye a funcionarios menores que se encargan de operar y apoyar los intereses corporativos, peritos complacientes que supervisan el impacto al ambiente y funcionarios de la alta burocracia que firman y autorizan por ejemplo las concesiones mineras. ¿Dónde está la enorme riqueza que las mineras extrajeron del subsuelo? Uno puede constatar la devastación en la vida de las personas y en el paisaje territorial: severa contaminación de ríos y arroyos, desaparición de varios acuíferos debido a los cañones subterráneos, muerte de mineros a lo largo del tiempo, condiciones laborales extremadamente pobres y sobreexplotación del subsuelo. Quienes no están familiarizados con esta historia se preguntan: ¿si Capulalpam había sido un pueblo minero desde fines del siglo XVIII, por qué la comunidad cambió de idea acerca de la explotación de oro y plata? De las exploraciones y datos de empresas mineras, se ha comprobado que en el subsuelo de Capulalpam hay una enorme riqueza, ¿no quiere Capulalpam convertirse en un pueblo millonario, opulento y progresista basado en la explotación de oro y plata? Para quienes desconocen la historia de la minería en la Sierra de Oaxaca es difícil comprender la propuesta de Capulalpam. Algunos funcionarios han expresado que la comunidad se opone al “progreso” y que no quiere el “desarrollo”. Una breve mirada al pasado y al presente podría algunas pistas para comprender la propuesta de Capulalpam. En conversaciones con los mineros he identificado historias acerca de El Catrín. En el imaginario de los obreros indígenas, éste era un personaje representado como el dueño del subsuelo y de los minerales. En épocas de bonanza en la mina era El Catrín quien permitía el rendimiento de altos valores de oro y plata; a cambio de la bonanza, requería vidas. Los accidentes fatales eran una manera de bonificarle o pagarle a ese personaje el tener empleo. Las empresas mineras aprovecharon este aparente control sobre la fuerza de trabajo de los mineros para fortalecer, intensificar y legitimar sus programas de extracción de minerales. Crucial resultó la relación de los mineros con su comunidad y territorio comunal al paso de las generaciones. Mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar en donde llevaban a cabo su vida cotidiana pertenecía a otra dimensión. A lo largo del territorio de Capulalpam existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, de provisión de agua, sitios en donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad. Varias generaciones de obreros mineros mientras trabajaban en la minería se ocuparon de dar cargos en Capulalpam tanto en el ayuntamiento como en el Comisariado de Bienes Comunales. Esta doble pertenencia ha sido crucial en la defensa del territorio pues Capulalpam ha vivido el contraste entre la devastación de la minería y el trabajo de protección del territorio comunal a partir de la organización y el trabajo comunitario de generaciones. Después de más de 200 años de explotación, la comunidad de Capulalpam colapsó de manera dramática a El Catrín, dueño de la oscuridad de la mina, es decir a los dueños de la empresa minera. Recientemente escuché en Capulalpam que el subsuelo pertenece a San Mateo, el Santo Patrón de Capulalpam y no a El Catrín. Es decir para la comunidad de Capulalpam no hay una oposición entre el subsuelo y el territorio comunal (la superficie) como lo desean ver las mineras, la Secretaría de Energía y como lo describe el Artículo 27 Constitucional. A fines de los 90s y la primera década del siglo XXI, nueva información se incorporó a la experiencia histórica de la comunidad. Exploraciones realizadas por las multinacionales Asarco, Continuum Resources, Sundance y Compañía Minera de la Natividad y Anexas arrojaron nueva información sobre una enorme riqueza de oro y plata en tierras comunales de Capulalpam, en sitios sagrados y vitales en provisión de agua y vida. De la experiencia de explotación del pasado, de la devastación y saqueo de minerales, de los nuevos planes de las empresas mineras de extraer minerales del subsuelo y superficie en tierras comunales y del grave riesgo de desaparición de los últimos acuíferos de la comunidad, la Asamblea General de Comuneros y Ciudadanos ratificó en noviembre de 2012 que no aceptará explotación de minerales en su territorio.

Puebla

Proyectos de Muerte en la Sierra Norte

Rosa Herminia Guadalupe Govela Gutiérrez y Rafael Sevilla Zapata
Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural / Consejo Tiyat-Tlalli

Vale más nuestra vida que mil costales de oro
Texto en una pancarta de la marcha del 21 de noviembre 2012 en Tlamanca, Zautla

FOTO: Archivo

En la Sierra Norte de Puebla chocan dos visiones contrapuestas: la del “desarrollo”, que bajo el discurso del progreso y la generación de empleos pretende explotar los recursos naturales de la región. Y la de las y los campesinos de las comunidades, que basan su forma de vida en el respeto y la defensa del territorio.

En los municipios de esta región actualmente se levanta la amenaza de 22 proyectos mineros, seis hidroeléctricas y la explotación de los bosques y pozos petroleros.

Las empresas, en su mayoría extranjeras, han encontrado algunos apoyos de autoridades municipales, pero también la resistencia de los pueblos nahuas, totonacos, otomíes y mestizos, que viven en las comunidades cercanas a las regiones donde se encuentra la riqueza, que bajo la forma capitalista “no tiene valor si no es explotada”.

La resistencia ocurre lo mismo frente a los proyectos mineros, como en Tetela de Ocampo, que frente a las hidroeléctricas, como en Olintla, en donde recientemente se ha hostigado a la comunidad de Ignacio Zaragoza al extremo de cortarle el flujo del servicio de agua municipal.

La comunidad de Tlamanca, en el municipio de Zautla, destaca en esta resistencia; en la segunda mitad de 2012 se vio amenazada por la inminente instalación de un proyecto minero de la compañía JDC Minerales, de origen chino.

La empresa desplegó una estrategia para dividir a las comunidades con promesas de que “va a haber celular”, “mejoraremos los caminos”, “habrá empleos”...

Fueron las mujeres quienes empezaron a darse cuenta de los peligros, cuando vieron que los empleados chinos y mexicanos visitaban los manantiales de la comunidad, pues los mismos representantes de la empresa reconocían que utilizarían agua y sería transportada en pipas desde el río Apulco, a unos pocos kilómetros de la mina. Luego se comenzó a hablar de los riesgos de contaminación de los mantos freáticos y el territorio. Se moverían toneladas de jales –procesados con químicos, chinos claro y “bien ecológicos”– que terminarían en la cuenca del río Apulco. Poco a poco, los habitantes de la comunidad y de todo el municipio llegaron a la conclusión de que no querían el trabajo de la mina.

En pocas semanas, un grupo de mujeres y hombres se dio a la tarea de informar en diferentes espacios en Tlamanca y en las demás comunidades del municipio. Por diferentes medios (documentales, audios, periódicos murales y volantes), se evidenció el peligro en ciernes; así, la decisión fue llevada a espacios comunitarios. El pueblo se cohesionó al saber lo que ocurre en otros lugares cuando se ha instalado una mina.

Se tomó la decisión de decir “no” a la mina, y se convocó a asistir el 21 de noviembre a Tlamanca para expresar a la minera el sentir de los habitantes de todo el municipio.

Con la participación de las 32 comunidades del municipio, un nutrido grupo de pobladores, unos seis mil, se concentraron esa mañana en el camino que pasa a orillas de la comunidad de Tlamanca. Es la mayor movilización social que se recuerde en la historia de Zautla.

Cuando los marchistas llegaron a las instalaciones de la mina, se percataron de los avances en la construcción de naves e instalaciones. En menos de dos meses habían desmontado el cerro para abrir el camino que lleva a distintas bocas de la mina; con ello infringieron la ley, pues aún no contaban con el permiso de cambio de uso del suelo para hacer todo ese desastre, y eso que apenas era el principio.

El pueblo de Zautla, en absoluta mayoría, decidió rechazar el proyecto, clausurado simbólicamente la mina. Durante la marcha pudo verse a hombres y mujeres de todas las edades; caminaron decididos con pancartas que expresaban claramente que se prefiere la vida a la contaminación que trae el trabajo minero. Algunos jóvenes creativos usaron el traductor de Google y manifestaron sus ideas en español y chino.

Posteriormente se instaló la asamblea en un campo deportivo. Allí se pidió al presidente municipal, Víctor Manuel Iglecias Parra (así con “c”), que no firmara la autorización para cambiar el uso de suelo ni el permiso de uso de explosivos. Él expresó estar de acuerdo con el pueblo.

La reunión finalizó, con un emplazamiento a la empresa minera para que saliera de las instalaciones en un plazo de 24 horas; ello luego de que un representante de la minera trató de falsear información al asegurar que contaba con un documento firmado por el presidente municipal. En realidad –se observó en un acta de una reunión de trabajo entre el cabildo, sus asesores y los empresarios de JDC Minerales– lo que había era un compromiso para trabajar por el municipio; no había ningún permiso de cambio de uso de suelo.

Hasta aquí va la historia. Falta consolidar lo logrado para que garantice que será respetada la decisión de la población de Zautla. Por lo pronto, la experiencia demuestra qué importante es que la población afectada por los megaproyectos esté informada de los riesgos para que pueda defender su territorio.

Luego se han venido sucediendo otras resistencias como la que empieza en Ixtacamaxtitlán, frente a la amenaza de una mina a cielo abierto en Tulictic, o la de Zaquiapan, donde la población ha exigido a su presidente municipal que no autorice el cambio de uso de suelo para otro proyecto hidroeléctrico. Cada vez son más los que piensan que “la tierra no se vende, la tierra se defiende”.

Es por esto que desde hace siete meses el Consejo Tiyat-Tlalli conjunta los esfuerzos de varias organizaciones y personas, con más de 30 años de trabajo educativo, ecológico, de derechos humanos, comunitario y organizativo en la Sierra Norte de Puebla; trabajando para informar a la población por medio de asambleas, apoyarla en sus luchas de defensa de su territorio, por unir fuerzas y mostrar a la opinión pública el ecocidio que se está montando en esta región en nombre del “progreso” y el “desarrollo”.

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