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Rodolfo Ríos Garza, procurador general de Justicia, ante legisladores locales

La ciudad de México, lejos de la alta incidencia delictiva que recorre el país

Externan asambleístas preocupación por narcomenudeo

En 7 meses, 427 averiguaciones

 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de abril de 2013, p. 42

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, afirmó que se ha logrado situar a la ciudad de México en el mejor escenario posible, alejada de la alta incidencia delictiva que recorre el país. Resaltó que la entidad ocupa el noveno lugar a escala nacional en el número de delitos del fuero común, el 21 en secuestro, 16 en robo de vehículo y 23 en homicidio doloso.

Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, advirtió, sin embargo, que para reducir los efectos de la criminalidad se requiere de la participación conjunta de la sociedad, y particularmente de sumar la cooperación activa de las autoridades federales.

En respuesta a la inquietud planteada por los legisladores sobre el tema del narcomenudeo, el procurador informó que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, creada en agosto pasado, comenzó 247 averiguaciones previas y detuvo a 427 adultos y 42 adolescentes, cifra esta última que significa 9.8 por ciento de las detenciones relacionadas con esos ilícitos.

Indicó que durante el periodo se desarticularon seis bandas de narcomenudeo, y las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón son las zonas con mayor cifra de narcotienditas.

El año anterior, la dependencia propuso ejercer acciones de extinción de dominio contra 68 bienes relacionados con delitos como secuestro, violación, narcomenudeo y robo de vehículo, 19 expedientes están en estudio; se presentaron 32 demandas al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y se han obtenido 25 sentencias favorables.

En 12 meses –del 1º de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013– la PGJDF empezó un total de 177 mil 682 averiguaciones previas, y de éstas, cerca de 47 mil por delitos considerados de alto impacto social, sobre todo el robo en sus diferentes modalidades.

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El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Fernando Ríos Garza, compareció ante el pleno de la ALDFFoto Cristina Rodríguez

En el informe que envió a la ALDF, Ríos Garza señala que en ese mismo periodo fueron consignadas 20 mil 995 personas a los juzgados penales, 8 mil 555 de estas relacionadas con delitos de alto impacto. En 5 mil 400 casos el ejercicio de la acción penal que solicitó la PGJDF fue contra adolescentes.

Antes de la presentación del informe de Ríos Garza los grupos parlamentarios fijaron su postura respecto de la procuración de justicia en la capital.

El diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que el narcomenudeo se ha multiplicado de manera exponencial en la ciudad. Resaltó que el combate a dicho delito es el primer bloque de contención a las principales causas de la inseguridad que vivimos, por lo que la lucha contra ese delito debe ser frontal y permanente para evitar el fortalecimiento de las células criminales que operan en diferentes puntos del país.

La diputada Olivia Garza sentenció que la dependencia no ha cubierto las necesidades básicas de seguridad y acceso a la justicia.

En gran parte de las agencias del Ministerio Público la corrupción es práctica constante, donde el factor económico pesa mucho para determinar quién es inocente o culpable y si debe o no ser enviado a un reclusorio, indicó.

Sobre el tema del arraigo, el perredista Antonio Padierna Luna dijo que se dictaminarán esta y otras iniciativas que erradiquen de la legislación de la ciudad cualquier disposición que lastime a la sociedad y permita excesos a la autoridad: no queremos en la ciudad montajes televisivos, señaló, en alusión al caso Florence Cassez.

Cuestionó, sin embargo, el caso de las 14 personas detenidas el pasado 1º de diciembre, al considerar que de manera injusta se estigmatizó a 14 personas cuyo único delito fue manifestarse para cuestionar la legitimidad de los resultados.