Permanecen en condiciones precarias e inhumanas 13 indígenas desplazados de la comunidad Banavil, simpatizantes del EZLN en el municipio Tenejapa, Chiapas, según dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Además, la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena de la entidad obstruye y niega acciones de justicia para restituir derechos a estos desplazados internos.

El grupo de hombres, mujeres y niños desplazado por oficialistas del PRI que los atacaron a balazos el 4 de diciembre de 2011, se encuentra en mala situación sanitaria, alimentaria y de vivienda, debido al desplazamiento y las constantes amenazas a su libertad a consecuencia del despojo de sus tierras, la desaparición de Alonso López Luna y el homicidio no esclarecido de Pedro Méndez López (uno de los agresores). El gobierno estatal, por medio de la citada fiscalía indígena, ha dilatado de manera injustificada las acciones de justicia, violando de forma sistemática sus derechos humanos.

Actualmente los desplazados tzeltales se encuentran en San Cristóbal de Las Casas en condiciones inhumanas y precarias, viviendo en un cuarto de madera y cartón con techo de lámina de 3 por 3 metros y piso de tierra, sin atención médica.

Sobre la desaparición de López Luna, la fiscalía, encabezada por Cristóbal Hernández López, y el encargado del caso, fiscal del Ministerio Público, Cesario Cruz Mendoza, han obstruido las investigaciones de los hechos ocurridos en diciembre de 2011 y se han negado ejecutar 11 órdenes de aprehensión contra los agresores, entre ellos los servidores públicos de Tenejapa Pedro Méndez López y Manuel Méndez López, señalados como los autores materiales, añade el Frayba.

Los agresores del PRI despojaron en fechas recientes de cinco hectáreas y media propiedad de los desplazados; una parte se la quedaron los agresores y otra parte de las tierras fueron vendidas. El Frayba ha hecho diversas intervenciones públicas y privadas para solicitar al gobierno de Chiapas que atienda las peticiones de los desplazados. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna respuesta, con lo que el Estado no cumple su obligación de garantizar y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas.

El hostigamiento del grupo caciquil data de 2009, por el hecho de oponerse (los hoy desplazados) a las acciones arbitrarias cometidas por los mismos caciques: despojo de tierras, tala ilegal de madera, cobro de impuestos y cooperaciones arbitrarias, allanamientos, agresiones físicas, negación al derecho a la educación, entre otros, lo cual ha sido denunciado por las víctimas. Las autoridades han hecho caso omiso.

El Frayba demanda el cese de amenazas y hostigamiento a los desplazados, el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra los agresores, que se realicen investigaciones serias, prontas y expeditas para dar con el paradero de López Luna, y que se garanticen el derecho a la tierra y el retorno de los desplazados.