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Acuerdos para aprobar órgano anticorrupción y regular deudas en los estados

Avanza en el Senado la creación del organismo que sustituirá a la SFP
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de abril de 2013, p. 15

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, Raúl Cervantes, informó que hay avance en las negociaciones para aprobar el órgano anticorrupción que habrá de sustituir a la Secretaría de la Función Pública, y la reforma encaminada a regular la contratación de deuda de estados y municipios.

El legislador priísta confió en que se logrará el consenso a fin de que ambas reformas puedan aprobarse en este periodo de sesiones que concluye el próximo día 30.

Por lo que toca al órgano anticorrupción, sobre una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto que el PRI y el PVEM presentaron como iniciativa en diciembre pasado, hay incluso un proyecto de dictamen en el que se dan mayores facultades a este organismo, aunque no precisamente las de fiscalía, que planteaba el PAN.

En ese proyecto de dictamen se establece que ese órgano anticorrupción se encargaría de integrar expedientes a partir de una denuncia o incluso podría actuar de oficio, y paralelamente se creará en la Procuraduría General de la República (PGR) una fiscalía especializada en delitos de corrupción, encargada de actuar en esa materia.

Es decir, esta fiscalía dictará medidas precautorias, como la prisión preventiva, el arraigo y el congelamiento de cuentas de funcionarios que hubieran realizado actos de corrupción.

En el proyecto, que es analizado por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se señala que la PGR proporcionará más elementos al órgano anticorrupción para integrar el expediente. Ya con éste completo, el órgano anticorrupción llevará a cabo sanciones administrativas y dará seguimiento al quehacer de la PGR, instancia que le brindará un informe final.

Se acuerda que tanto la PGR como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros, coadyuvarán con la investigación que lleve a cabo el órgano anticorrupción, proporcionándole la información que requiera.

En esa reforma constitucional se fijan tres tipos de faltas: infracciones administrativas como llegar tarde al trabajo o faltar al respeto a los compañeros, que serían sancionadas por el órgano de auditoría preventiva o por la contraloría estatal.

Su sanción es la amonestación o suspensión en el cargo. Están asimismo las faltas administrativas graves, como acoso sexual, ocultamiento de información e ineficiencia, entre otras. También corresponde perseguirlas al órgano de auditoría preventiva o a la contraloría estatal y su sanción es inhabilitación, destitución o multa.

Finalmente en la Carta Magna se establecerían los actos de corrupción como el cohecho, favoritismo en licitaciones y conflictos de interés, que corresponden al órgano anticorrupción y que se sancionarán con inhabilitación, destitución y multa.

En este último caso entrarían actos de corrupción a partir de un millón de pesos, que competen a la PGR y se sancionan con decomiso o cárcel.

El proyecto está a discusión de las bancadas, aunque la fracción del PAN anunció que este jueves presentará su propia iniciativa en materia de combate a la corrupción.

Al respecto, el senador Cervantes recalcó que están muy cerca del consenso en esta reforma y en la que se refiere a deudas de los estados.