La mayoría del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) frenó el exhorto que propuso el PAN pidiendo al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dejar sin efectos el incremento a las tarifas del transporte público.

El punto de acuerdo leído en tribuna por la diputada Laura Iraís Ballesteros omitió finalmente los argumentos de su propuesta original para afirmar que el decreto correspondiente era ilegal, concretándose a cuestionar que a dicho incremento no antecediera un programa integral de transporte y movilidad, así como la falta de garantías para que los transportistas cumplan los compromisos que asumieron con el gobierno de la ciudad pra mejorar la calidad del servicio.

Los diputados perredistas se limitaron a votar para no considerar el punto como de urgente y obvia resolución, enviarlo a comisiones y evitar con ello entrar a un debate con los panistas en el pleno.

El texto que presentó la legisladora fue distinto al que había inscrito en la Gaceta Parlamentaria de la sesión anterior, el pasado martes, en el que se acusaba al mandatario capitalino de haber violentado los principios de legalidad y certeza y por tanto los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución federal, al sostener que no estaba facultado según la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal para publicar aumentos a las tarifas en los primeros seis meses del año.

Ballesteros no había considerado que el Reglamento de Transporte del Distrito Federal faculta a la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) a presentar al jefe de Gobierno la propuesta de aumento por causas extraordinarias fuera de dichos plazos, por lo que debió replantear el punto para la sesión de ayer.

Error garrafal

La legisladora se refirió a dichos incrementos como un error garrafal. Afirmó que fue una decisión unilateral en la que se dejó fuera a la Asamblea Legislativa, a expertos y a ciudadanos, y que sólo golpea los bolsillos de los capitalinos.

Es, agregó, una decisión unilateral que golpea la agenda de movilidad de la ciudad de México, cediendo ante los intereses de los transportistas por encima de los de la ciudad, y consolidando al gobierno capitalino como el gobierno del camión.

Afirmó que fue una decisión precipitada, pues debieron negociarse las tarifas mediante una tarjeta multimodal y establecer sistemas de control en la calidad del servicio. “Sin eso, hoy –apuntó– cualquier cosa que se pueda firmar no tiene garantía alguna”.