A la par de la instrumentación de la reforma penal (conocida como juicios orales, actualmente en operación sólo en tres estados), se promueven enmiendas para proteger a jueces, testigos y víctimas. El objetivo es que la transparencia y apertura que conlleva el nuevo sistema ataje los riesgos de atentados, informó María de los Ángeles Fromow, responsable de impulsar la aplicación de este esquema jurídico.

Un revés de los llamados juicios orales ocurrió en 2010, en Chihuahua (la primera entidad que los puso en marcha), cuando un juez absolvió al asesino confeso de la hija de la activista Marisela Escobedo, quien meses después fue acribillada en esa entidad.

El episodio obligó a pensar en contrarreformas, precisamente para evitar efectos adversos (de los juicios orales), señaló. En ese contexto, se estudian las normas que habrán de reforzarse o crearse para la protección de los involucrados.

Efectivamente, hay una serie de medidas que se están diseñando, dentro del propio sistema, para la protección de testigos, a la víctima, de respeto a sus derechos y a los propios jueces. Ahí también se está teniendo (precauciones), sobre todo cuando son casos vinculados a la delincuencia organizada, precisó.

En entrevista, la abogada comentó que el marco legal que aborda los casos de delincuencia organizada es la que debería contener este procedimiento especial; es decir, que hubiera un ordenamiento específico para la protección.

El análisis está en curso y es un tema que este gobierno tiene muy presente, añadió. Estamos trabajando con todas las instancias, tanto el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y con los propios defensores.

“Vamos a tener un nuevo código, ya sea federal o único de procedimientos penales; tendremos posiblemente una ley de delincuencia organizada que incluya estos aspectos de protección; también habrá una ley de justicia para los adolescentes, entre otras.

Todo el sistema a escala federal está en proceso para ver cómo se protege a jueces, (agentes del) Ministerio Público, a defensores, a todos los implicados, porque definitivamente es muy importante salvaguardar la integridad física de todos los actores, explicó.

Rezagos

En tanto, la funcionaria subrayó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene la intención de pedir una prórroga de aplicación de la reforma (el límite es 2016).

Lo anterior, aun cuando 13 entidades, las de mayor rezago, están en etapa de planeación de los cambios. En este rango se encuentran: Nayarit, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Jalisco, Sonora, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Distrito Federal y Michoacán.

Un poco más avanzados, en etapa de entrada en vigencia, están seis: Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Según el corte de información más reciente, sólo tres entidades (Chihuahua, estado de México y Morelos) tienen el estatus de operación total de la reforma al Sistema de Justicia Penal, mientras una decena de entidades (Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Baja California) están en operación parcial.

Adicionalmente, sólo un estado (Hidalgo) ha aprobado y publicado su Código de Procedimientos Penales; en siete el tema está a discusión en sus respectivos congresos y en dos (Distrito Federal y Colima) el código se encuentra en proyecto de elaboración.

El cronograma, a fin de cumplir la meta, es el siguiente: para octubre de 2013 tener a 10 entidades ya operando la reforma y, al cierre de este año, a 62.5 por ciento de las mismas.

En 2014 se sumarán dos entidades más, para que en dos de cada tres entidades estén en operación a junio de ese año. De esta forma, considerando este ritmo de entrada en operación del sistema, se esperaría que para 2015 las 32 entidades federativas estén operando, al mismo tiempo que las instituciones federales.

La reforma fue aprobada en 2008 y tendrá que instrumentarse en todas las entidades a más tardar en 2016; incluye transformaciones a 40 esquemas jurídicos; incorpora los juicios orales y, según sus promotores, transparenta la acción de la justicia.

Además, modifica la actuación del Ministerio Público, exige una policía profesional y especializada, e introduce la justicia alternativa.

El reto para esta secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal es que cada institución de los tres órdenes de gobierno aporte a la reforma.

Pondremos énfasis –añadió– en la profesionalización y capacitación de los operadores del nuevo modelo, para darles las herramientas que requiere este sistema.