La policía comunitaria de Tepalcatepec, Michoacán, informó que aplicará el toque de queda, a partir de las 11 de la noche, para detectar cualquier incursión de la delincuencia organizada, por el temor de que Los Caballeros Templarios procedentes de la zona de Coalcomán ataquen la comunidad; además que a unos cinco kilómetros de distancia se ubica Jilotlán de los Dolores, Jalisco, por donde podría arribar el cártel Nueva Generación.

Los policías comunitarios tienen su base en el estacionamiento del rastro municipal de Tepalcatepec. En la unidad deportiva está instalada una Base de Operaciones Mixtas, pero nosotros seguimos al frente, porque no sabemos en qué momento se retiran los federales, y no vamos a permitir que nos sorprendan, dijo un líder de los agentes.

Añadió que recientemente sus compañeros detuvieron a 17 vigías de la delincuencia organizada. No los encerramos, los pusimos a realizar labores comunitarias, como barrer calles, pintar bardas y otros quehaceres. La mayoría se deja llevar, pero hay dos o tres rebeldes con los que no es sencillo tratar, dijo.

Señaló que entre los detenidos algunos son hijos de madres solteras, otros andan vagando y en temporadas trabajan como cortadores de limón. Se ve que no la han pasado bien, por eso le pedimos al gobierno que consiga más trabajo, porque muchos agarran el camino equivocado. Destacó que han pasado años de promesas y, lejos de ver que las cosas cambien, cada día están peor por tantos secuestros, extorsión, cobro de cuotas, amenazas y abusos hacia la gente, principalmente las muchachas.

De su lado, un dirigente de la policía comunitaria de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, consideró indignante que la Procuraduría General de la República (PGR) liberara a 20 informantes de Los Caballeros Templarios que fueron detenidos por el movimiento ciudadano.

Sostuvo que varios de esos punteros o halcones de la delincuencia organizada regresaron y ahora provocan a la gente. Nos desanima, porque es una vergüenza que ni haciendo el trabajo que le toca a las autoridades nos hayan respetado; pareciera que el mensaje es claro: que estamos solos, lamentó.

Apuntó que los policías comunitarios actuaron de buena fe al entregar a la Policía Federal a 21 vigías el pasado 14 de marzo, pero casi inmediatamente los dejaron libres, lo que nos hace pensar mal de estas autoridades, no sabemos de qué lado están.

Por lo pronto, la PGR aún tiene a su disposición a 51 integrantes de la policía comunitaria que el Ejército Mexicano detuvo el 7 y el 11 de marzo, 43 de La Ruana y ocho de la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán.

Soldados y policías, retenidos

Pobladores de comunidades ubicadas al sur del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, retuvieron el sábado durante seis horas a un convoy del Ejército Mexicano, así como de las policías estatal y municipal, que realizaba un operativo de rutina en la zona, informaron fuentes gubernamentales.

Dijeron que después de un diálogo que concluyó ayer por la madrugada, los indígenas permitieron la salida de los uniformados, pero mantienen en su poder cinco patrullas municipales y una estatal, como garantía de que el alcalde Francisco Martínez Pedrero acudirá a una reunión programada para el lunes a las 10 horas, con el fin de que explique por qué el convoy ingresó la noche del sábado sin avisar a las autoridades comunitarias.

Representantes de comunidades de esa zona aseguraron que antes de llegar a las localidades del sur, los uniformados detuvieron a cuatro indígenas aparentemente de manera injustificada, y en medio de la confusión hubo disparos al aire hechos por soldados o policías, lo que impulsó a pobladores a organizarse e ir al sitio.

Señalaron que los uniformados fueron llevados al poblado San Antonio Los Baños y ahí comenzó un diálogo que se prolongó hasta pasadas las 3 horas del domingo, encabezado por Agustín Franco Villanueva, secretario de Participación Municipal. Autoridades y pobladores acordaron que seis patrullas –cinco municipales y una estatal– permanecerían retenidas en la comunidad hasta el lunes, como garantía para que llegue Martínez Pedrero, y los cuatro indígenas sean liberados.

El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Gonzalo Molina González, aseguró que esa instancia comunitaria no formará parte del mando único de los cuerpos policiacos, como lo anunció ayer el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Si detiene a los policías comunitarios estará violando la Ley 701 del estado de Guerrero, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros acuerdos firmados por el gobierno mexicano con la Organización de las Naciones Unidas, aseguró.

También la Coordinación Regional de Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que aglutina a los municipios de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá, fijó su postura en un comunicado: (la) estrategia de mando único que promueven es estrategia de guerra y en Guerrero no estamos en guerra, por eso su viabilidad está en duda. Lo que proponemos es que, teniendo como base el diálogo y el entendimiento, unifiquemos las acciones y trabajemos para desarrollar a nuestro estado y nuestro país.