Sociedad y Justicia
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Planeó pedir cierre forzoso de la veta en el sexenio anterior, afirma líder

Grupo México maquinó liquidación ilegal de mil 300 mineros de Cananea
 
Periódico La Jornada
Domingo 17 de marzo de 2013, p. 33

En Cananea los verdaderos mineros están desempleados. La empresa Grupo México, que tiene la concesión de la veta de cobre más grande del país, maniobró para liquidar ilegalmente a mil 300 trabajadores de esta unidad; metió a la misma a un sindicato blanco de la Confederacion de Trabajadores de Mexico (CTM) y mediante empresas contratistas emplea a personal de otros estados, incluso de Hidalgo y de Matamoros, Tamaulipas, y discrimina a los trabajadores locales. Además, le cambió el nombre histórico a la mina, por el de Buenavista del Cobre.

Al consorcio le da igual que los trabajadores sustitutos no estén capacitados ni que muchos hayan sufrido accidentes, con tal de tener marginados a los verdaderos mineros y no devolverles sus empleos.

Javier Zúñiga, secretario del Trabajo del Sindicato nacional de mineros, señaló lo anterior y sostuvo que la empresa de Germán Larrea maquinó, junto con tribunales laborales, toda una estrategia legaloide para pedir el cierre forzoso de la mina.

“Poco después la reabrió con otro nombre; mintió con supuestas liquidaciones superiores a la ley a los trabajadores, de los cuales más de 900 no aceptaron el ofrecimiento e interpusieron demandas internacionales; engañó hasta a los esquiroles, que sí tomaron la liquidación con la promesa de que serían recontratados, dijo el dirigente.

El caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de justicia en el país, según confirmaron los abogados del sindicato, y explicaron que la huelga que sostuvieron los trabajadores de Cananea, en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene de la mina, fue declarada tres veces legal por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que la empresa maquinó lo del cierre por causa de fuerza mayor en el anterior gobierno panista.

Un argumento que han manejado es que los trabajadores ilegalmente liquidados tienen el derecho de preferencia, porque la mina se reabrió y la materia se trabajo subsiste. Además, legalmente no se han cubierto las liquidaciones de la mayoría.

Zúñiga agregó que incluso la reapertura de operaciones de la mina fue con ayuda de fuerzas de seguridad estatales y federales: hay más policías que mineros dentro y se terminó con el contrato laboral, para lo cual se buscó un sindicato a modo de la CTM, que encabeza Javier Villarreal, y le ha permitido maniobras al consorcio.

Cuestionado sobre si se han llevado trabajadores de Hidalgo a esa mina, Zúñiga sostuvo que hasta de varios estados del sur, con tal de no devolverles sus empleos a los trabajadores legítimos.

Conflicto social y económico

Esta situación, además de ser un problema laboral, se ha convertido en un conflicto social y económico para la zona, pues mientras la empresa no ha recuperado los estándares y nivel de producción que tenía la mina –porque la gente que la opera no tiene el conocimiento, ni la capacitación para ello– a los trabajadores locales se les ha marginado totalmente para darles empleo, por tanto, la economía de la región está deprimida, pues quienes llegan a laborar a la zona mandan sus sueldos a otros estados.

Las contratistas se llevan el negocio. Traen gente a montones, pero no duran, porque de todas formas al personal que ha llegado de toda la República les pagan con esquemas de subcontratación; es decir, sin prestaciones, sin antigüedad, o con contratos temporales. Son más contratistas que de planta, y lo más grave es que ha habido muchos accidentes, ha salido gente mutilada, herida y hasta ha habido muertos. También se han dado casos de hipotermia. La empresa se ha portado en forma canallesca, dijo Zúñiga.

También dijo que las condiciones de esta unidad minera se asemejan a las de un campo de concentración, pues los trabajadores laboran custodiados por poli-cías con armas largas, que impiden el libre tránsito y el respeto a la democracia y la libertad sindical, que son principios fundamentales del derecho nacional e internacional.

Ante este cúmulo de violaciones laborales –aunque para las autoridades nacionales el asunto ya es cosa juzgada– el sindicato nacional de mineros insistirá ante instancias internacionales, expuso el dirigente, y agregó que hay confianza de que cambiarán las cosas en este gobierno.