Para compensar la caída de los ingresos petroleros se debe realizar una reforma fiscal integral que grave las ganancias bursátiles, eliminar el régimen de consolidación fiscal y abatir la evasión fiscal, lo que permitiría al país aumentar la recaudación hasta en 10 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), propuso José Luis Calva, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el viernes que en enero de 2013 se registró un desplome de 20.9 por ciento en la captación de ingresos petroleros, la principal fuente de financiamiento del gasto público, que retrocedieron 89 mil 282 millones de pesos, 20 mil millones menos que el mismo mes del año anterior.

Con tal disminución, los ingresos presupuestarios del gobierno descendieron a 311 mil 824.9 millones de pesos, cantidad 7 por ciento menor a la de enero de 2012. La actividad petrolera contribuyó con 28.7 de cada 100 pesos de los ingresos.

En entrevista con La Jornada, José Luis Calva planteó que antes de proponer una apertura al capital privado para que realice actividades de exploración y explotación de hidrocarburos es necesaria una reforma fiscal integral. Indicó que México, Eslovaquia y Estonia son los únicos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde no se gravan las ganancias bursátiles.

Gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) alimentos y medicinas no es el camino afirmó José Luis Calva, porque se afectaría al menos a la mitad de la población, la cual está en condiciones de pobreza. Consideró que se debe capitalizar Petróleos Mexicanos (Pemex) y despetrolizar las finanzas públicas.

Advirtió que el gobierno vende como expectativa abrir a la inversión privada actividades todavía reservadas al Estado por mandato constitucional; sin embargo, lo que ocasionaría esta medida sería un decremento en los ingresos gubernamentales porque se tendría que compartir la renta petrolera.

Alertó: En el discurso oficial (con la apertura de Pemex) se prometen muchos beneficios, pero no se habla de los riesgos y los posibles costos de que la inversión extranjera participe en la exploración y producción de crudo a través de contratos como los que se aplican en Chicontepec, donde los costos se encarecen y el gobierno pierde.

Recordó que en recientes declaraciones, el jefe del parlamento europeo, Martin Shulz, advirtió que una empresa como Pemex, que aporta 30 por ciento del presupuesto público, es un pilar fundamental del país, y que desde el punto de vista político se debe decidir cómo conservar su estabilidad y a la vez determinar hasta qué punto se debe permitir su modernización”.

Sobre la apertura, el político alemán dijo: Eso interesa obviamente a los empresarios y a los Estados europeos. Pero mi impresión es que la voluntad de todos los partidos políticos mexicanos es que el capital extranjero no debe ser una amenaza a la propiedad estatal de la empresa.

Calva señaló que con frecuencia se dice que otros países permiten la inversión privada en el sector petrolero y que les va muy bien y de manera tendenciosa ponen el ejemplo de Petrobras. Sin embargo, no hay que olvidar que Petrobras es una empresa pública y el gobierno mantiene la rectoría de la política energética de Brasil al poseer el gobierno 55 por ciento de la propiedad de la petrolera.

Mencionó que después de que Petrobras vendió acciones muy baratas en los mercados bursátiles, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva reconoció que fue un error malbaratar una parte de la propiedad de Petrobras.

En el otro extremo está Argentina que aplicó todas las recomendaciones del Consenso de Washigton y privatizó su sector energético. Después durante la gestión de Cristina Fernández se optó por la estatización de la industria petrolera y esto le está acarreando múltiples problemas internacionales. Por ello, dijo, México se puede meter en un problema tremendo.

Por su parte, en el libro Crisis energética mundial y futuro de la energía en México, coordinado por José Luis Calva y publicado por la editorial Juan Pablos, el especialista en temas energéticos Víctor Rodríguez Padilla aseguró: “El mal uso del maná petrolero no se resolvería liberalizando la industria petrolera pues sólo resultaría en una mayor apropiación de renta por particulares. Lo que se requiere es un nuevo pacto social alrededor del reparto de esa riqueza, acuerdo que no será inmediato ni sencillo.

En esa dirección, resulta fundamental rediseñar el régimen fiscal de los hidrocarburos para etiquetar el destino de los recursos que genera su explotación. Una parte de esos recursos debe ser transferida a Pemex para que cumpla, a través de la figura de contrato-plan, metas de política energética con eficacia y eficiencia.

Señaló que la apertura de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos agudizará el carácter rentista de la economía y mermará la renta petrolera.