Afirmar que las guardias comunitarias de autodefensa son grupos al margen de la ley o que su actividad puede derivar en paramilitarismo es una apreciación incorrecta, pues el artículo segundo de la Constitución da a los pueblos indígenas la facultad de intaurar sus propios sistemas de justicia, que muchas veces suplen la ineficiencia y la corrupción de las autoridades legalmente establecidas, señalaron abogados especialistas en derechos humanos.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseveró que la autodeterminación de los pueblos originarios –basada en sus sistemas normativos propios, también llamado usos y costumbres– es un ejercicio milenario que no viola las leyes nacionales y que el gobierno ha permitido porque usualmente dichas manifestaciones no van más allá de ciertos límites geográficos.

Sin embargo, esta vez las autoridades reaccionan con alarma ante las guardias de autodefensa de la zona de la Costa Chica de Guerrero por tratarse de un fenómeno que ha trascendido en varias comunidades y se ha enfrentado a la delincuencia organizada, cuyo poder en ocasiones rebasa al del propio gobierno federal.

Aunque subrayó la legitimidad de este modelo indígena, Peña advirtió que un punto delicado puede ser la imposición de castigos a personas ajenas a la comunidad, así como el enjuiciamiento de sospechosos, pues para realizar dicha tarea se necesita un sistema jurídico más sólido que en la Costa Chica guerrerense todavía no se ha alcanzado, a diferencia de la región de la Montaña, donde existe desde hace más de 20 años.

Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que las guardias de autodefensa no actúan al margen de la ley.

“La declaración del ombudsman (Raúl Plascencia Villanueva) en ese sentido fue muy desafortunada. En vez de criticar a estos grupos, creo que las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil deberían vigilar que se respeten los derechos de las personas detenidas y juzgadas por los tribunales populares”, indicó.

Si bien la aparición de dichas guardias en semanas recientes se debe a la ineficiencia y la corrupción de las autoridades en el combate a la delincuencia, este fenómeno debe verse no como una cuestión subversiva, sino como parte de un sistema cultural y de justicia que ya existía desde antes del surgimiento del derecho occidental, apuntó.