San Cristóbal de Las Casas, Chis., 1º de febrero. La ley no está hecha para nosotros los pobres, concluyen los ejidatarios de San Sebastián Bachajón ante la negativa de un juez a otorgarles el amparo contra el enajenamiento de tierras de uso común en su territorio comunitario por parte del gobierno de Chiapas. Ello, en un proceso donde ha sido muy activa y conspicua la actuación del secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, quien al cambio de administración estatal permanece en el mismo cargo que ocupó en el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Desde Bachajón, municipio de Chilón, en la zona norte, los indígenas denunciaron a las autoridades de la impartición de justicia por tener mucho que ver con los proyectos de los tres niveles de gobierno, y ser cómplices de los altos funcionarios que controlan la justicia, pues protegen los interesas de la clase política. Esto, después de un largo proceso jurídico, donde hemos aportado suficientes documentos que justifican y ponen en evidencia el despojo injusto en nuestras tierras.

Los ejidatarios, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, sostienen que por la situación política que estamos viviendo, las autoridades están por encima de nuestros derechos como pueblos indígenas, como lo confirma la consumación de un fraude más contra el pueblo de México, con la imposición del administrador en turno, elegido –dicen los indígenas– “mediante una costosa simulación electoral.

Los trabajadores del campo y la ciudad se aprestan a enfrentar un nuevo régimen que sin abandonar su política de arrasamiento social, ahora busca combinar esa política con la utilización de un proyecto de compra de conciencias por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, apuntaron los ejidatarios.

“Para combatir el ‘hambre’ que tienen (los gobernantes) necesitan atraer inversionistas extranjeros para recuperar la economía”. Entonces reprimen, hostigan, amenazan y encarcelan a dirigentes de las organizaciones que se resisten a prostituir sus tierras.

Respecto a la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, los ejidatarios señalan que los funcionarios ya no encontraron otro nombre, después de que ya usaron todo para humillar a la gente con Progresa u Oportunidades. La clientela de los programas y dádivas gubernamentales lo último con que salió fue pedir para las ofrendas de los muertitos.

La prisa oficial es tanta, dicen los ejidatarios, que el diputado local Carlos Jiménez Trujillo ya está visitando comunidades del ejido para ofrecer proyectos ecoturísticos. Para apoyo municipal no hay recursos, para proyectos turísticos sí. Durante seis años “hemos venido arrastrando despojos, injusticia, represión, cárcel por resistir un proyecto turístico de alta escala en nuestras tierras, tocando las puertas de las instituciones que supuestamente defienden los derechos de los pueblos.

Las autoridades de la impartición de justicia se están desquitando con nosotros en todos los aspectos para intimidar el proceso de nuestra lucha. En consecuencia, advierten que tomaran otras alternativas de acción.

Nueva sentencia para preso de la Voz del Amate

En otro revés judicial a adherentes de la Sexta, Rosario Díaz Méndez, preso miembro de la Voz del Amate, volvió a ser sentenciado por la juez Jaqueline Ángel, del distrito judicial de Simojovel, a 25 años de cárcel, no obstante que Díaz Méndez aportó todas las pruebas necesarias para comprobar su inocencia. La misma persona supuestamente agraviada ha manifestado ante el Ministerio Público que él no fue y ha exigido la liberación del acusado. También todos los testigos, de descargo y de cargo, han declarado que Rosario no tuvo nada que ver en el homicidio” por el cual ha sido procesado, y piden su liberación.

La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate denunciaron esta gran violación de los derechos humanos desde el penal de San Cristóbal, donde se encuentra el indígena originario de Huitiupán, preso desde 2005. La Justicia es ciega y por ser ciega los que trabajan en juzgar todo hacen lo contrario, sostuvieron los presos de la Sexta.

A despecho de todas las pruebas de inocencia, la inepta juez Ángel jamás las valoró. Los presos piden al gobierno de Chiapas que intervenga inmediatamente por la libertad del sentenciado.