La firma de un acuerdo nacional para el campo entre el gobierno y las organizaciones campesinas ayudará para que más de siete millones de hectáreas abandonadas vuelvan a ser productivas, así como para lograr que 3.5 millones de pequeños y medianos productores accedan al crédito, tengan asistencia técnica y puedan tecnificar sus parcelas para producir alimentos más baratos, afirmó Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista.

Agregó que durante una reunión que tuvo lugar el 18 de enero en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto mostró una actitud conciliadora, de diálogo y reconocimiento a la interlocución con las diversas organizaciones campesinas e instruyó a los secretarios de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Carlos Ramírez Marín, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, para iniciar los trabajos que culminen en la firma de dicho acuerdo, el cual se incluirá en el Pacto por México.

Dijo que la Central Campesina Cardenista elaboró un proyecto de trabajo para sustentar dicho acuerdo, cuyos ejes principales son elevar la producción agrícola del sector social, combatir la pobreza –sobre todo en las zonas rurales– y recuperar la soberanía alimentaria. Hace falta renovar el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en el gobierno de Vicente Fox, ya que no sólo los pactos con los partidos políticos garantizan la estabilidad de la nación, pues la sociedad rural y urbana también reclaman ser escuchados, expresó.

Otro campo es posible, aseguró, si hay voluntad política para escuchar a todos los sectores productivos del país. Las organizaciones campesinas independientes y las que integran el Congreso Agrario Permanente tienen propuestas concretas; el campesinado requiere alicientes para producir más alimentos.

La pobreza en el sector

Por otro lado, para el Consejo Nacional Agropecuario la pobreza es un asunto que requiere atención inmediata, particularmente en las zonas rurales, donde 38 por ciento de sus habitantes –de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía– están en pobreza alimentaria y 61 por ciento carecen de patrimonio. El organismo calcula que para solucionar este problema en el menor tiempo posible se requiere elevar 2.5 veces el crecimiento del PIB agropecuario, para mejorar la capacidad de gasto de gasto de los más pobres, lo que repercutiría en un incremento de 13 a 17 por ciento del empleo en las zonas rurales.

Es ineludible, afirma el organismo, atender a los pequeños productores con potencial productivo, pues cada vez enfrentan mayores dificultades para tener acceso al mercado, así como a los minifundistas, quienes son los más marginados, pues la mayor parte de sus ingresos provienen de actividades no agrícolas y dependen de las políticas sociales.

Precisó que Procampo es uno de los programas que ayuda a mantener el empleo regional, ya que beneficia a 2.4 millones de productores.

Así, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, el sector agropecuario genera entre 30 y 40 por ciento del empleo. Dicho programa representa 35 por ciento del ingreso para productores con hasta una hectárea; 36 por ciento para quienes son poseedores de hasta dos hectáreas y de casi 37 por ciento para los que tienen hasta cinco, así como casi 32 por ciento para los que cuentan hasta 10. Por ello, el organismo insistió en fortalecer dicho programa.