egún la nueva estructura de la administración pública federal, la Secretaría de la Reforma Agraria tendrá a su cargo todo lo relacionado con el uso del suelo y la organización territorial y urbana del país. Así, le tocará formular las políticas que regulen el crecimiento de los asentamientos humanos (en especial de las zonas metropolitanas) a fin de hacer realidad el desarrollo sostenible y la adecuada distribución de la población tomando en cuenta principios de ordenamiento territorial no depredadores del medio ambiente. También queda bajo su responsabilidad el desarrollo agrario.

Para hacer realidad un verdadero desarrollo urbano y de la vivienda establecerá políticas que contemplen las necesidades de tierra y la disponibilidad de recursos. De manera destacada uno que está pésimamente utilizado y administrado: el agua. En este último campo, jugará un papel preponderante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El tema del ordenamiento territorial del país fue relegado los últimos 20 años en la agenda gubernamental. De hacer parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, terminó como un agregado más de la de Desarrollo Social. Mientras la antigua Secretaría de la Reforma Agraria tenía entre sus atribuciones la administración de los terrenos nacionales y baldíos y los asuntos relacionados con las tierras ejidales y comunales, precisamente las que encierran la mayor biodiversidad de México y son asiento de los grupos sociales más pobres, con menos calidad de vida.

Sobre la necesidad de establecer una política de Estado para lograr el desarrollo urbano sustentable insisten los principales especialistas y centros de investigación que se dedican a dicho tema. No fueron escuchados los últimos tres sexenios. Los frutos de esa desidia oficial se tienen ahora cuando en las áreas urbanas viven 82 millones de personas y se han conformado varias zonas metropolitanas. A la de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se suman ya las de Tijuana, León, Puebla, Toluca, Morelia, Torreón, entre otras. Ninguna cuenta con políticas de ordenamiento territorial sustentable. Su crecimiento es anárquico, desarticulado, ineficiente desde el punto de vista administrativo, con baja calidad de vida de la mayoría de sus habitantes; con elevada contaminación y la destrucción de los recursos naturales.

No hay duda de la enorme importancia de la nueva dependencia federal. Pero de nada servirá si sus políticas no se coordinan y complementan efectivamente con las de otras secretarías (las de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social y de Gobernación, por ejemplo) y con los estados y municipios del país. Y, además, si no hay la participación efectiva y oportuna de la población en la elaboración de las nuevas acciones de gobierno.

Con motivo del Año Nuevo, el obispo de la ciudad de Durango, Enrique Sánchez Martínez, proclamó la urgencia de que, para contribuir a la paz de México, al desarrollo de los pueblos o la misma salvaguardia del medio ambiente, se reconozca el derecho al uso del principio de la objeción de conciencia respecto de ciertas leyes y medidas gubernamentales que, a su juicio, atentan contra la dignidad humana. Pone dos ejemplos: el aborto y la eutanasia. Se refiere a que en el Distrito Federal el derecho al aborto está claramente reglamentado en la legislación. De paso, critica que en la capital del país y en Quintana Roo existan leyes que pretenden equiparar la familia con formas radicalmente distintas de unión que dañan y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su papel insustituible en la sociedad. Luego de inútil esfuerzo por aterrizar lo que el obispo quiso decir en su proclama respecto a la paz y el medio ambiente, una cosa sí es clara: el reconocimiento a la objeción de conciencia es parte de una campaña de la Iglesia católica en su lucha contra el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. La jerarquía católica espera que sus buenas relaciones con el presidente Peña Nieto permitan incluir ese principio en la legislación mexicana.