Más de 30 organizaciones sociales y decenas de académicos se pronunciaron por fortalecer, definir y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los órganos de control interno y las fiscalías ya existentes, en lugar de crear una comisión nacional anticorrupción y otras a nivel estatal, tras advertir que esas propuestas quedan lejos de resolver el problema y, en cambio, generan nuevos desafíos de coordinación y homologación de funciones institucionales.

En un pronunciamiento conjunto, el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia, Sin Fronteras, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y otras asociaciones, sostienen que dichas propuestas parten de una concepción restringida de la corrupción, ya que se enfocan en los síntomas del fenómeno, pero no en las causas.

En alusión al llamado Pacto por México, que plantea también crear un consejo nacional para la ética pública, advirtieron que la corrupción no se resuelve de un momento a otro, sino que se requiere de la participación ciudadana para su combate, entre otras acciones.

La corrupción es un asunto complejo que requiere una reflexión integral y un debate público plural, vigoroso e informado. Las instituciones que proponen crear las iniciativas de reforma (presentadas por PRI, PAN y PRD) no sólo significan una contribución limitada frente a un complejo desafío, sino que además ponen en riesgo el precario equilibrio de controles y contrapesos tanto entre poderes como entre la Federación y los estados, indicaron las referidas agrupaciones, asi como los académicos Irma Sandoval, Miguel Pulido, Mauricio Merino, Haydé Pérez y otros.

Los especialistas en el tema consideran que sigue sin definirse con claridad cómo será la implementación de esas instancias y cuáles serán sus alcances.

Para las asociaciones citadas, es imprescindible la inclusión de la participación ciudadana informada en el proceso legislativo que implica la redefinición de las instituciones dedicadas al combate a la corrupción. Sobre todo, porque hasta ahora las iniciativas de los partidos expresan una aproximación a la corrupción sólo como un problema financiero o presupuestal, en tanto que aspectos como el abuso de autoridad, la compra, coacción y coerción del voto o el cohecho para el acceso a programas sociales quedan fuera de tal definición.