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Más de 200 jueces argentinos firman desplegado sobre la independencia del Poder Judicial

Gobierno presenta recurso extraordinario contra la medida cautelar de Clarín
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 24

Buenos Aires, 11 de diciembre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó hoy un recurso extraordinario contra la medida cautelar de Clarín, que intenta evadir el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

La Suprema Corte de Justicia rechazó ayer el pedido de per saltum (saltar una instancia) que elevó el Ejecutivo ante la decisión de una cámara (tribunal), cuyos jueces fueron recusados, de prorrogar la medida cautelar que permite a Clarín no adecuarse a la ley, que establece un límite de 10 licencias de televisión abierta y 24 de cable; Clarín posee 240 licencias.

En un nuevo capítulo de esta batalla judicial, el gobierno formalizó hoy su apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial contra la medida que favorece a Clarín.

El máximo tribunal decidió ayer, por fallo dividido en este caso, ordenar a los camaristas apresurar los trámites, trabajando incluso los fines de semana y días feriados.

Otro paso importante y que lleva a la necesaria sentencia de fondo en este caso es que el fiscal Fernando Uriarte dictaminó que ratifica la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA), y esto significa que el juez Horacio Alfonso ya podría llamar a autos para sentencia. Tanto el Estado como Clarín podrán presentar objeciones en un plazo de cinco días.

Uriarte pidió al juez Alfonso que desestime el planteamiento de inconstitucionalidad interpuesto por Clarín sobre los artículos 41, 45, 48 segundo párrafo, y 161 de la ley en cuestión, mientras el representante del Ministerio Público fiscal de la nación manifestó que la normativa no quebranta los derechos constitucionales de propiedad y de comercio de Clarín, como se quiere hacer aparecer.

Además dejó constancia de que la Suprema Corte, en su pronunciamiento del 22 de mayo, expuso que Clarín se ha abstenido de relacionar directamente la aplicación de las normas objetadas por la libertad de expresión.

Y en este sentido destaca que, por el contrario, Clarín afirma que el objeto principal de su demanda lo constituye el irreparable daño patrimonial que le provoca el límite a la multiplicidad de licencias que fija la LSCA.

Por otra parte, más de 200 jueces firmaron una carta publicada en los diarios Página/12 y Ámbito Financiero, donde advierten que “la independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado.

Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan, señala el comunicado, que firman importantes figuras de la justicia.

Escándalo en final de juicio

Otro caso judicial terminó en un escándalo que conmueve al país. La Cámara en lo Penal de Tucumán absolvió inexplicablemente a los 13 acusados por el secuestro de Marita Verón, cuya madre, Susana Trimarco, acaba de recibir un premio de Derechos Humanos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacando su lucha incansable contra la trata de personas y por encontrar a su hija plagiada y desaparecida por grupos mafiosos en esa provincia.

Después de postergar cuatro veces la lectura de la sentencia, la sala segunda de esa cámara resolvió por unanimidad absolver a los imputados por el secuestro y el sometimiento de la joven desaparecida en abril de 2002.

Tanto la fiscalía como la querella habían solicitado penas de entre 12 y 26 años de prisión para los 13 acusados que forman una red de trata, que no sólo habría secuestrado a Marita Verón, sino a otros jóvenes.

La madre de Marita decidió que no descansará hasta tener justicia y dijo que llevará el caso adonde sea en el mundo. Su abogado dijo al salir que está absolutamente claro que éste es un acto de corrupción, mientras se alzan voces de protesta y se preparan actos contra lo que se considera una nueva estocada de las viejas justicias comprometidas con grupos de poder mafioso en esa provincia.