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Buscará fortalecer programas de ayuda a connacionales en el exterior

De aprobarse, la cancillería tendrá un aumento de recursos de 13.6%
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de diciembre de 2012, p. 7

Los recursos señalados en el Presupuesto de Egresos 2013 para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) será de 6 mil 947.4 millones de pesos. De no haber cambios durante la discusión del paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), significará un aumento de 13.6 por ciento respecto de lo asignado para el año que termina.

Esta variación permitirá a la cancillería ajustar el pago de servicios personales al tipo de cambio frente al dólar y el euro, entre otras divisas, en el caso del personal asignado a las representaciones del país en el extranjero.

A través de un documento entregado a la nueva administración que en la cancillería encabeza José Antonio Meade Kuribreña, se recomienda garantizar que exista una asignación en el presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados tanto para la operación de los consulados como para la red de delegaciones, y dejar los ingresos excedentes con destino específico para el fortalecimiento de los programas de protección a los mexicanos en el exterior, así como para la mejora y modernización de los servicios de atención al público, y modificar el marco legal aplicable al ejercicio del presupuesto a fin de que sea posible asumir compromisos para el ejercicio fiscal vigente y los subsecuentes con los ingresos excedentes (consulares y 15 por ciento de los obtenidos por la expedición de pasaportes en el país).

Durante los pasados seis años, la SRE ha contado con presupuestos restringidos, que han impedido el desarrollo adecuado de las representaciones mexicanas en el extranjero. En varias de las embajadas y consulados, los funcionarios adscritos deben realizar varias actividades, además de las propias para el cargo al que fueron designados.

Esto ha repercutido en el servicio que las legaciones prestan a los connacionales y en la actividad de promoción de México a la que están obligados sus titulares frente a los sectores productivos, sociales y académicos.